Caso Iberdrola-Villarejo: el exjefe de Seguridad pide que el Estado sea responsable por ser funcionario el excomisario

El exjefe de seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo, imputado en la causa sobre la relación de la empresa y el excomisario José Manuel Villarejo ha pedido que el Estado sea declarado responsable civil subsidiario, ya que en el momento de los encargos era funcionario en activo de la Policía Nacional.

En un escrito fechado el pasado lunes que ha presentado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, Asenjo explica que la pieza investiga, entre otros, «los delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos, que habrían sido cometidos con ocasión de los encargos de investigación que Iberdrola habría encomendado al Grupo Cenyt», empresa vinculada a Villarejo.

El excomisario habría prestado esos servicios «cuando se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía y, valiéndose de dicha condición funcionarial, habría accedido ilícitamente a datos reservados de personas sometidas a su investigación».

Según refiere el escrito, el artículo 121 del Código Penal determina la responsabilidad civil subsidiaria del Estado y demás entes públicos por los daños causados por los responsables penales, cuando éstos sean «autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones».

Dado que la causa investiga «que Villarejo se prevalió de su condición de funcionario policial para ejecutar intromisiones en la intimidad de terceros», los daños y perjuicios causados por dichos delitos derivan directamente del funcionamiento del servicio público de seguridad», añade el documento.

Ellos es así porque Villarejo actuó «dentro de las funciones de su cargo, aunque fuera extralimitándose en ellas», prosigue, por lo que solicita que se declare al Estado como responsable civil subsidiario.

El juez instructor investiga en esta pieza separada si Iberdrola contrató al excomisario por un millón de euros entre 2004 y 2012 para, entre otras cosas, infiltrarse en plataformas contrarias a sus intereses o investigar a un accionista crítico con su gestión, y en ella figura como imputado el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán.