Caso Iberdrola-Villarejo: ‘El Gordo’ defiende que un alto mando policial ya fallecido tenía interés en proteger a la eléctrica

El exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional Enrique García Castaño, alias «El Gordo», ha asegurado este miércoles en la Audiencia Nacional que el entonces director adjunto operativo de la Policía Miguel Ángel Fernández-Chico, ya fallecido, tenía interés en proteger a Iberdrola, ya que le preocupaba la seguridad de las compañías españolas.

Además ha añadido que jamás facilitó, en el ejercicio de sus funciones, ningún dato a las investigaciones que el excomisario José Manuel Villarejo habría realizado para la eléctrica, según han informado a Efe fuentes jurídicas.

Durante su breve testifical, el exjefe de la UCAO ha relatado que nadie sabía que Villarejo era policía, puesto que era imprescindible que no se supiera que estaba en activo para que las misiones en las que figuraba como agente encubierto tuvieran éxito.

Una prueba de ello es que en 2014, recibió una llamada del jefe de seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo, al que se atribuye la contratación del excomisario para diversos servicios de inteligencia, que mostró su sorpresa porque acababa de enterarse por la prensa de que Villarejo pertenecía al Cuerpo.

Precisamente este aspecto, si Villarejo estaba o no en activo en el momento de las contrataciones, es clave para la causa por presunto cohecho.

SOLO VIO A SÁNCHEZ GALÁN EN ACTOS OFICIALES

A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, García Castaño ha indicado que de Iberdrola solo conocía al responsable de seguridad, y que solo coincidió con el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, en un par de ocasiones.

En concreto, ha detallado, fue en dos actos oficiales, como son la fiesta del patrón y una entrega de medallas.

En esta línea, el exjefe de la UCAO ha negado haber recibido oferta de trabajo alguna por parte de Iberdrola.

Durante esta segunda jornada de declaraciones también han comparecido varios ecologistas citados como testigos por el juez Manuel García Castellón, quienes han rechazado que existieran presiones a favor de la construcción de la central de Arcos de la Frontera (Cádiz).

Los interrogatorios continuarán este jueves, cuando hay fijadas cuatro testificales, entre ellas la del que fuera delegado especial de la Agencia Tributaria en Madrid Luis Francisco Cremades Ugarte, y la del empresario Gustavo Buesa, nombrado consejero de Iberdrola Renovables en la primavera de 2010.

La causa abierta en la Audiencia Nacional, por la que está imputado el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, trata de aclarar si Iberdrola contrató al excomisario por un total de un millón de euros entre 2004 y 2012 para, entre otras cosas, infiltrarse en plataformas contrarias a sus intereses o investigar a un accionista crítico con su gestión.