CCAA y ayuntamientos podrían indeminizar con 4.000 millones a las VTC

Unauto, que agrupa al 90 % del sector en España, ha insistido en que si los titulares de las autorizaciones de VTC ven restringidos sus derechos o se les causan lesiones en los mismos exigirán a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos las compensaciones económicas oportunas.

En este sentido, el presidente de Unauto VTC, Eduardo Martín, ha indicado que la nueva normativa aprobada establece que si una región introduce restricciones sobre las VTC deberá asumir las indemnizaciones correspondientes al sector.

«Además de limitar las opciones de movilidad en las ciudades y poner en riesgo miles de empleos, el ciudadano será una vez más el gran perjudicado porque al final será el que asuma el coste de seguir protegiendo el monopolio del sector del taxi a través de sus impuestos», ha asegurado Martín.

Unauto ha señalado que el hecho de que el real decreto ley que regula la VTC establezca un plazo transitorio de cuatro años evidencia que no concurre una «extraordinaria y urgente necesidad» y por ello no es imperativo que las administraciones públicas autonómicas y locales adopten inmediatamente medidas.

«Desde Unauto VTC pedimos que las autoridades no cedan a la presión creciente del sector del taxi y piensen en el ciudadano y sus necesidades de movilidad y en los miles de profesionales que han encontrado en las VTC un medio de vida», ha insistido.

También Unauto recuerda que un informe elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid Santiago Muñoz Machado subraya las dudas sobre la constitucionalidad de la normativa al privar a los titulares de autorizaciones VTC de derechos consolidados y adquiridos.

Según el catedrático, plantea una medida expropiatoria que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y no está justificada desde el punto de vista de los principios constitucionales de interdicción de la arbitrariedad, razonabilidad y proporcionalidad, ni con los principios de la libre competencia y la libre prestación de servicios.