CCOO y UGT piden suprimir del Código Penal el castigo a los piquetes violentos

Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, han pedido hoy la derogación del artículo 315.3 del Código Penal «que castiga el derecho de huelga y amenaza la libertad de los representantes sindicales». Sin embargo, ese artículo no castiga la huelga ni la libertad de los representates sindicales, solo a los piquetes, especialmente los violentos, que con sus acciones impiden que el resto de los trabajadores que no secundan el paro pueden ejercer su derecho a trabajar.

Así se han expresado en un acto organizado con motivo del juicio que empezará el próximo 9 de febrero contra ocho sindicalistas de la empresa Airbus por su participación en un piquete durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010 y para los que el fiscal pide 8 años y 3 meses para cada uno. Desde luego estos sindicalistas estaban muy lejos de defender su libertad sindical y muchos menos de respetar a los trabajadores que habían decidido no secundar la huelga. Según el escrito del fiscal, los piquetes actuaron «de común acuerdo, con ánimo de menoscabar la integridad ajena y con claro conocimiento del derecho de los trabajadores de acudir a su centro de trabajo, y pese a los intentos reiterados de los agentes de la autoridad de que depusieran su actitud, procedieron a intimidar a los trabajadores que pretendían acceder al recinto mediante todo tipo de insultos, tirándoles petardos debajo de los coches, empujándoles, escupiéndoles, dándoles collejas, lanzándoles bebidas por encima o llegando incluso a agredirles». Pero no sólo atacaron a sus compañeros trabajadores, sino también a la policía, acorralando y agrediendo a los agentes «lanzándoles todo tipo de objetos como conos reforzados con hierro o mochilas pesadas», «llegando incluso a encerrarles a algunos de ellos en el interior del recinto al cerrar bruscamente la puerta corredera de uno de los accesos».

En declaraciones a los periodistas, Méndez ha señalado que el acto supone una defensa de la honestidad y de la dignidad de las personas, no sólo de los ocho sindicalistas de Airbus, sino también de otros 300 acusados por participar en el ejercicio constitucional del derecho de huelga, «que tienen menoscabada su dignidad y amenazada su libertad». De ser que insultar y agredir es ejercer la libertad sindical.

Méndez ha exigido que cesen estas actitudes y que se restituya la dignidad de los afectados.

Asimismo, ha subrayado su defensa de la Constitución cuyo texto protege el derecho de huelga y ha hecho un llamamiento al Parlamento para que con carácter de urgencia tome medidas para resolver la emergencia social y, simultáneamente, derogue el artículo 315.3 del Código Penal y se reafirme el valor del derecho a la huelga.

Méndez se ha mostrado convencido de que habrá una solución positiva al caso Airbus con respeto absoluto al procedimiento judicial y de que resplandecerá la verdad ante unas acusaciones «muy graves, sin ningún fundamento constitucional, democrático, ni legal».

En la misma línea, Toxo ha pedido la derogación del artículo del Código Penal, «que da sustancia a las peticiones fiscales y que representa un claro atentado contra el derecho de huelga».

A su juicio, un principio fundamental que hay que proteger y sin el cual no hay un equilibrio posible en las relaciones laborales.

En el acto también han intervenido, entre otros, uno de los afectados en el caso Airbus, José Alcázar, los escritores Luis García Montero y Almudena Grandes, el cantante Miguel Ríos, así como el presidente de la Confederación Europea de Sindicatos, Rudy de Leeuw.

El artículo 315.3 del Código Penal indica que «quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses».

Además de por este artículo, los sindicalistas de Airbus han sido acusados de atentado y agresión contra la autoridad, por lo que la fiscalía ha solicitado una pena de ocho años de cárcel para cada uno de ellos.