La Generalitat amenaza con el cierre de cajas en Cataluña

La Generalitat amenaza con el cierre de cajas en Cataluña

22 septiembre, 2017
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Actualizado: 22 septiembre, 2017 8:30
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La Generalitat eleva el pulso contra la intervención de Cristóbal Montoro. Las empresas públicas catalanas tendrán que tributar y liquidar todos los impuestos a través de la Agencia Tributaria Catalana, incluidos IRPF, IVA y Sociedades. La Generalitat podría iniciar así un cierre de cajas en Cataluña, al tener bajo control estos tributos, una medida que los independentistas ya han amenazado con hacer hace años y que se realizó en la etapa de 1900, evitando pagar los correspondientes impuestos a la Agencia Tributaria, controlada por Montoro. Hasta ahora, la inmensa mayoría de empresas públicas y privadas siempre han liquidado sus impuestos a través de los cauces tradicionales, acudiendo al banco o bien a las oficinas territoriales de la Agencia Tributaria de Montoro, evitando pasar por las sucursales tuteladas por la Generalitat, más en referencia a los grandes impuestos, como IRPF, IVA y Sociedades. La Generalitat, cuyos gastos están ahora bajo la tutela del Estado, podría emprender ahora esta peligrosa vía, ya que Hacienda sí puede reclamar el pago de impuestos a trabajadores y directivos, así como IVA y Sociedades a las empresas en caso de que la Generalitat no realice las transferencias correspondientes. Asimismo, podrían enfrentarse a fuertes multas y penas de prisión por evasión de impuestos, incluso al demostrar que ya los han abonado a la Agencia Tributaria Catalana. En una orden, el Ejecutivo de Carles Puigdemont afirma que las empresas públicas deben "suministrar a la Agencia Tributaria Catalana, con una antelación mínima de cinco días hábiles anteriores a la finalización del plazo normativamente establecido para la presentación de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias y de las declaraciones informativas, los datos necesarios para que se puedan llevar a término estas funciones". Asimismo, advierte que el incumplimiento de estas obligaciones no conllevará ninguna responsabilidad para la Agencia Tributaria Catalana en caso de que las empresas no realicen los pagos en el tiempo establecido, siendo responsable última la empresa pública. Así, en el caso de que la Generalitat no realice la transferencia al Tesoro español, el Ejecutivo autonómico asegura que las consecuencias recaerán sobre el Gobierno, y no sobre la empresa, un cierre de cajas, por el que la empresa pública, y por tanto los catalanes, tendrán que hacer frente al pago de las multas.
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