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Colau multa a Endesa con 350.000 euros por cortar la luz a 5 familias vulnerables

Colau multa a Endesa con 350.000 euros por cortar la luz a 5 familias vulnerables

15 diciembre, 2017
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Actualizado: 15 diciembre, 2017 13:15
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El Ayuntamiento de Barcelona, regido por Ada Colau, ha multado a Endesa con 350.000 euros por haber cortado el suministro eléctrico a cinco familias vulnerables sin haber pedido el informe de exclusión residencial en virtud de la ley contra la pobreza energética. 

La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, ha asegurado que las cinco multas a Endesa son de 70.000 euros cada una. Los motivos del Ayuntamiento para imponer estas multas, de las que se han notificado ya tres a la eléctrica y las otras se dará aviso en los próximos días, son exactamente los mismos. Asimismo, fuentes municipales han asegurado a Intereconomía.com que los casos se remontan a este año y a 2016.

Según el Consistorio, las multas de 70.000 euros cada una se han impuesto «al comprobar que no se había pedido a los Servicios Sociales municipales el preceptivo informe de exclusión residencial antes de proceder al corte de suministro eléctrico «. Se trata de las primeras cinco sanciones del Ayuntamiento de Barcelona que sumarían en total 350.000 euros.

Los cortes de luz se produjeron una vez aprobada la ley de medidas urgentes contra la pobreza energética, todos ellos en hogares habitados por personas vulnerables y que han sido detectados a través de uno de los 10 Puntos de Asesoramiento Energético (PAE) que Barcelona puso en marcha el pasado mes de enero.

La cuantía de la sanción se ha fijado en base a lo dispuesto en el Código de Consumo catalán, aunque aprecia como circunstancia atenuante que la compañía procedió a restablecer el servicio eléctrico una vez el caso fue notificado.

«Nuestro objetivo no es sancionar, pero siempre hemos dicho que vamos a ser muy estrictos en pedir el cumplimiento de una ley vigente, que ha sido validada por el Tribunal Constitucional, y que debe servir de garantía para que todos tengan acceso a unos suministros básicos independientemente de su condición económica «, ha asegurado en rueda de prensa la teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Laia Ortiz.

Asimismo, el Ayuntamiento de Barcelona ha presentado un recurso en el Tribunal Supremo contra el decreto del Estado que regula el bono social para reclamar su «nulidad».

En rueda de prensa, a asegurado que el bono social «no responde a las necesidades y la urgencia de actuar ante la pobreza energética», sino que, a su juicio, «es cómplice de los intereses del oligopolio eléctrico». «Hemos presentado recurso convencidos de que este bono social no responde a los intereses de la clase popular y de las personas vulnerables», ha asegurado Ortiz.

Según la teniente de alcaldía, el Ayuntamiento de Barcelona «tiene que defender la autonomía local y las competencias de la Generalitat de Cataluña» de un bono social que se ha hecho «de espaldas» a las ciudades, municipios y comunidades autónomas.

En el informe previo a la interposición del recurso, el Ayuntamiento asegura que el bono social es contrario al marco legal y dejaría sin protección a un importante grueso de la población.

4.300 hogares de Barcelona quedarían fuera del bono social eléctrico del Gobierno

En concreto, el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) ha calculado que el 43% de los 10.000 hogares que Barcelona atiende por cuestiones de pobreza energética quedarían fuera del bono social y que las administraciones deberían gastar 1,67 millones de euros para cubrir el coste de la factura eléctrica solo en Barcelona.

«Era necesario plantar cara para decir que esta no es la solución y que tiene que prevalecer la ley 24/2015, que ha salido de la complicidad de los movimientos sociales y la ciudadanía para dar respuesta a la pobreza energética», ha dicho Ortiz.

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