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La polémica relación entre la ministra Isabel García Tejerina con Iberdrola

La polémica relación entre la ministra Isabel García Tejerina con Iberdrola

19 julio, 2017
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Actualizado: 19 julio, 2017 10:05
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El Gobierno estudia una nueva ley de Cambio Climático y Transición Energética, encargo en el que participa la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, accionista a su vez de Iberdrola.

La ministra de Medio Ambiente declaró poseer acciones de diversas compañías del IBEX 35, como Santander y Telefónica, pero tiene al menos 22.529 acciones de Iberdrola, que se verá afectada, ya sea positiva o negativamente, por la ley que estudia ya el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

En la ley se profundizará en el cierre de las plantas nucleares, el canon hidráulico -que el Supremo ha elevado a Bruselas-, las primas a las renovables y los pagos por capacidad, según recoge El Periódico de la Energía. García Tejerina, lejos de apartarse del proyecto, se mantiene en el mismo pese a su condición de accionista de Iberdrola.

Pero el conflicto no solo se encuentra en la propia ley, sino que su Ministerio se encarga de aprobar las declaraciones de impacto medioambiental de los proyectos de Iberdrola en España, como también en el almacén nuclear, el polémico ATC. El paquete de García Tejerina en Iberdrola tiene un valor de cerca de 155.000 euros. Tejerina, como accionista, también percibe el dividendo de Iberdrola y ha llegado a acudir a una de las Juntas de Accionistas, por lo que recibió 108 euros.

La polémica relación entre Tejerina e Iberdrola va más allá de comprar unas acciones. La ministra de Medio Ambiente posee una planta fotovoltaica por un valor de 617.000 euros, con la que obtuvo unos ingresos de 91.000 euros en el año 2015. Este dinero lo recibió de la propia Iberdrola, según su propia declaración de bienes publicada en el Congreso. De esta forma, la eléctrica vende al mercado la energía de esa planta fotovoltaica.

En este sentido, según el citado diario, para poder recibir unos ingresos de 91.000 euros es necesario tener una potencia instalada de entre 1 y 2 MW. Con estos ingresos, la planta se amortizaría en tan solo siete años, mientras que el Gobierno está impidiendo el autoconsumo eléctrico por tierra, mar y aire.

Pese a esta relación, no se incumple la ley de incompatibilidades, ya que se permite la compra de acciones de empresas privadas, siempre y cuando no se supere el 10% del mismo.

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