Criteria Caixa compra más de 600.000 acciones de Telefónica tras anunciar el Gobierno que entrará en el capital

Criteria Caixa ha comprado más de 626.000 acciones de Telefónica, por más de 2 millones de euros, desde el pasado 19 de diciembre, cuando el Gobierno decidió entrar en la multinacional española autorizando a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones industriales) a comprar hasta un 10 % de acciones de la multinacional española.

La compañía de inversiones que gestiona el patrimonio de la Fundación La Caixa tiene un 2,53 % del capital social de Telefónica, según los datos con fecha de 30 de noviembre que publica la propia compañía.

Accionistas significativos de Telefónica a 8-01-24 según el Registro de la CNMV

Desde el pasado 19 de diciembre, Criteria Caixa ha adquirido 626.422 acciones de Telefónica a unos precios que oscilan entre los 3,53 euros y los 3,60 euros en nueve diferentes tandas de compras que ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Así, el mismo día 19 se hizo con 120.000 acciones a 3,57 euros por título. La última adquisición, comunicada el 4 de enero, la realizó el pasado 3 de enero, con un total de 2.024 títulos a 3,65 euros por acción.

Criteria Caixa lleva comprando acciones de Telefónica desde 2017. La acción de Telefónica cotiza a 3,72 euros por título este lunes. 

La entrada del Gobierno por medio de la Sepi genera un gran recelo en el mercado

El anuncio de entrada del gobierno en el accionariado de Telefónica por medio de la Sepi, con una participación del 10%, que le situará como primer accionista de la multinacional española, es visto con mucho recelo por parte de los inversores. Esa participación le daría un gran poder en el consejo de Telefónica e incluso podrá nombrar más de un consejero dominical defiendo los intereses y la estrategia del propio Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En el mercado, analistas y accionistas temen una injerencia política en la gestión de Telefónica que en muchas ocasiones respondería a objetivos diferentes a una gestión profesional de la compañía, primando las decisiones políticas sobre las empresariales. Además, está la cuestión de si un gobierno puede actuar limitando la acción de inversores en el mercado de valores donde la seguridad jurídica y la igualdad de las reglas de juego para todos es fundamental para un su funcionamiento eficaz y eficiente.