El CSN avala la reapertura de Garoña con el PSOE dividido y el apoyo del PP

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aprobado este miércoles un dictamen favorable a la reapertura de la central nuclear de Garoña, en Burgos, pero con condiciones.
Entre las condiciones están las inversiones en seguridad que se exige a Endesa e Iberdrola, propietarias al 50% de Nuclenor, que gestiona y controla la planta.
La votación ha salido adelante con el voto a favor de cuatro de los cinco consejeros que integran el máximo órgano de la seguridad nuclear en España (tres propuestos por el PP y uno por el PSOE), mientras que la quinta representante en el pleno, Cristina Narbona (propuesta por el PSOE), ha votado en contra.
Tras el visto bueno del CSN corresponderá al Ministerio de Energía decidir si autoriza a Nuclenor a volver a conectar la planta a la red, ya que está parada desde 2012.

Guerra política por Garoña

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, afirmó ayer en su comparecencia en el Senado que sería «muy irresponsable» de su parte hablar de la reapertura de la central de Garoña antes de conocer el informe del CSN, quien, según Nadal, «tiene en sus manos la seguridad nuclear de España, y para este Gobierno es lo primordial a la hora de hablar de energía nuclear».
El Gobierno está esperando una respuesta positiva,quien ha asegurado que a su grupo le consta que hay un dictamen técnico preliminar que refleja que no se han cumplido las medidas de seguridad exigidas a la empresa gestora de Garoña en abril de 2015.
A los senadores les gustaría escuchar, ha dicho el senador de Unidos Podemos, que el «Gobierno va a cerrar las centrales nucleares y Garoña la primera«, pero, ante la respuesta del ministro, ha dicho que se plantean «dos mapas». El primero, que se reabra Garoña sin cumplir los requisitos de seguridad, con el riesgo que supone para la población civil y el medio ambiente; por ello, ha pedido al titular de Energía que le diga mirándole a la cara, «no voy a abrir un Fukushima en la provincia de Burgos«. Y el segundo, el pago de una millonaria indemnización.
Ha sostenido que el Gobierno está «montando este teatro para abrir la puerta a la ampliación de las centrales del país» porque España depende de todas las energías no renovables. «Están creando un país yonqui de las energías no renovables: legislan contra las renovables».
En la réplica, el ministro le ha reprochado a Bernal que disponga de «tanta información de lo que va a hacer el Consejo, cuando aún no ha tomado una decisión»; y porque «es Consejo, no Centro, y es ministerio de Energía, no de Industria».
«No actuamos por demagogia, actuamos por interés general», ha asegurado el ministro, quien ha explicado que, una vez que el CSN emita el informe, hay seis meses de plazo para «escuchar a todo el mundo, a la comunidades autónomas, a organizaciones ecologistas y a las eléctricas».