Del peaje por concesión al peaje por uso

La ministra de Transportes y Movilidad, Raquel Sánchez, ha cifrado este martes en 752 millones de euros anuales para Cataluña y 90 millones para Aragón el ahorro para los conductores que supondrá el fin de los peajes de la AP-2 y la AP-7, que ha calificado como un «hito» y un «logro» del Gobierno. Sin embargo, no es ni logro, ni hito, simplemente es que ha finalizado el plazo de las concesiones concedidas hace muchas décadas, dando igual el partido que gobierne. Y ahora, aragonesas y catalanes pagarán un peaje por uso, que ya prepara la Generalitat con su famosa viñeta, o el Ejecutivo de Sánchez que pretende cobrar hasta por las autovías que ahora son libres y que nunca han tenido peajes por uso si no se consideran los altos impuestos que paga el automóvil como tales.

Sánchez, que ha visitado esta tarde el peaje de La Roca de la autopista AP-7 a pocas horas del fin de la concesión, ha adelantado que su ministerio ya está trabajando en propuestas alternativas a los peajes para mantener las carreteras que ahora se liberan.

El Gobierno, ha reiterado, quiere aplicar un sistema basado en que pague el que use las autopistas, aunque ha afirmado que éste «no tendrá nada que ver» con los peajes como los conocemos y que será «homogéneo» para toda España. La idea del Ejecutivo de PSOE-Unidas Podemos es el pago por el uso de cualquier carretera, especialmente las autovías, aunque nunca hayan tenido hasta la fecha peaje alguno.

La ministra ha abogado por «ser didácticos» y «asumir que, si queremos una red de carreteras competitiva y que sea sostenible, también hay que asegurar que se pueda financiar principalmente por las personas que la usan, siguiendo el lema de quien contamina, paga».

«Lo que buscamos es un sistema de tarifación por uso. Quien use que sea el que pague. No tiene mucho sentido que el mantenimiento sea a cargo del presupuesto y que pague el conjunto de los ciudadanos, incluso los que no usan las carreteras», ha apuntado, tras señalar que «en ningún caso será nada asimilable al peaje tal y como lo entendemos ahora».

El fin de los peajes de los tramos de la AP-7 y de la AP-2 que todavía estaban vivos, ambos de titularidad del Estado, supondrá mañana para los conductores de Aragón un ahorro anual de 90 millones de euros y de 752 millones para los de Cataluña.

Raquel Sánchez ha subrayado que con el levantamiento de los peajes el Gobierno está cumpliendo con su compromiso de no prorrogar más la vida de estas carreteras de pago.

«Somos el primer gobierno que no prorroga los peajes», ha declarado a los periodistas, tras apuntar que en Cataluña los peajes que quedan no son titularidad del Gobierno, sino de la Generalitat.

La ministra ha enfatizado el hecho de que el fin de estos peajes es especialmente «significativo» para Cataluña, dado que en 2018, cuando este ejecutivo empezó su andadura, era la autonomía con más kilómetros de peajes de toda España, lo que constituía «un agravio comparativo con el resto del territorio».

Al quitar los peajes, Sánchez ha asegurado que «también estamos acercando la costa catalana a Aragón y a Valencia y a las Terres de l’Ebre».

Respecto a la compensación que pide Abertis por la recaudación perdida durante la pandemia, ha asegurado que se ha producido un acuerdo de interpretación del reglamento y que fija la cifra a abonar en unos 1.300 millones de euros, aunque hay que abordar ahora el mecanismo para realizar el pago.