La JUR consideró solvente al Popular hasta 2 días antes de su resolución

La JUR certificó que que el Banco Popular «no era insolvente» el 5 de junio, pero que cayó por un «problema agudo de liquidez y financiación». Deloitte dice que hizo el informe del Popular en «muy poco tiempo» y sin «información crítica».

La JUR continua con la opacidad y no ha revelado datos sobre las salidas de depósitos de la entidad ni sobre la liquidez de emergencia que recibió del Banco Central Europeo, algo que achaca a que la institución de Fráncfort «como propietario de dicha información se ha opuesto a su publicación».

«La valoración provisional no indica que el banco sea insolvente», dijo la JUR en las conclusiones de su informe contable, el primero que valoró la entidad.

No obstante, el organismo europeo encargado de las resoluciones bancarias en la eurozona, subrayó que «la liquidez y las condiciones del GBP (Grupo Banco Popular) están desencadenando la valoración de ‘inviable o en vías de serlo'» tal y como señaló el Banco Central Europeo a través de su Mecanismo Único de Supervisión.

La JUR ha publicado las versiones no confidenciales y ha eliminado las partes que le comprometen al organismo de este documento, del informe de valoración hecho por la consultora independiente Deloitte el 6 de junio, el plan de resolución que había elaborado con el Popular en 2016, las cartas que se enviaron a los potenciales compradores, y una versión más amplia de la decisión de resolución publicada en junio.

La JUR ha ocultado en el documento todos los datos concretos sobre la situación de liquidez

En su informe de valoración, la JUR indicó que la liquidez era el «factor clave» que estaba desencadenando la caída, y señala que la entidad había visto «importantes salidas de efectivo (…) entre el 31 de marzo y el 1 de junio de 2017, que llevó a un severo deterioro de su base de depósitos».

Señala que la situación empeoró a raíz de la «cobertura mediática», el anuncio de que tendría que proceder a una ampliación de capital y la rebaja de su rating y que las salidas de depósitos fueron especialmente agudas el 12, 16, 22 y 31 de mayo y el 1 de junio.

La JUR ha ocultado en el documento todos los datos concretos sobre la situación de liquidez de la entidad, el monto de depósitos que salieron, la liquidez de emergencia que recibió o el colateral que proporcionó hasta quedarse sin suficiente para seguir recibiendo esa ayuda de emergencia del BCE. Fuentes de la agencia insisten en que esto ha sido decisión de Fráncfort.

Estos documentos serán esenciales para que los equipos legales de los inversores que sufrieron pérdidas y han recurrido la decisión ante los tribunales europeos y españoles preparen sus defensas.

La JUR aún tiene pendiente de publicar, previsiblemente en primavera, un tercer informe que elabora actualmente Deloitte para determinar si estos inversores sufrieron un peor trato con la resolución, del que hubieran tenido en caso de liquidación, lo que sería contrario a las normas europeas.

Deloitte dice que hizo el informe del Popular en «muy poco tiempo»

Deloitte ha advertido de que tuvo un tiempo «extremadamente corto» para elaborar el informe de valoración del Banco Popular sobre el que la Junta Única de Resolución europea basó su decisión de resolver la entidad española y que acabó siendo vendida por 1 euro al Santander y arruinando a miles de inversores, según la versión no confidencial del texto publicada por la JUR, con censuras incluidas.

La Junta Única de Resolución  ha publicado una batería de documentos que utilizó el 7 de junio de 2017 para adoptar la decisión de vender Banco Popular a Banco Santander por 1 euro, después de que el Banco Central Europeo (BCE) certificase que la entidad era inviable.

De ellos se desprende que el organismo certificó que el banco «no era insolvente» el 5 de junio, pero que cayó por un «problema agudo de liquidez y financiación».

En una misiva enviada a la Junta Única de Resolución (JUR) junto al estudio el 6 de junio, víspera de la resolución, Deloitte señala que «a la vista de la difícil posición de liquidez» del banco «se nos ha requerido hacer este informe en un periodo de tiempo extremadamente corto».

La consultora precisa que tuvo 12 días para elaborarlo cuando normalmente hubiesen esperado contar con «al menos seis semanas» para un proyecto de esta naturaleza, y puntualiza que así se acordó inicialmente con la JUR el 23 de mayo de 2017.

No tuvo acceso a «cierta información crítica»

Deloitte apunta, además, que no tuvo acceso a «cierta información crítica» y que tuvo «oportunidades limitadas» de debatir las conclusiones con la directiva, auditores, supervisores y otro personal familiarizado con el Popular.

La consultora agrega que «en ningún caso hubiera sido posible llevar a cabo un análisis completo de toda la información necesaria (…) debido al tiempo disponible».

Por tanto, indica, se trata de un informe que «debe ser considerado como altamente incierto y provisional», y se incluyó en la valoración un colchón para pérdidas adicionales que no fue posible estimar precisamente, tal y como requieren las leyes europas de resolución y reestructuración bancaria.

Deloitte indicó que su informe parte de la asunción de que la resolución que se llevaría a cabo de la entidad sería la venta total del banco en un proceso competitivo, pero hizo también una evaluación de cual sería su valor en caso de liquidación y el retorno que recibirían entonces los acreedores.

En su estudio, Deloitte hizo una valoración del capital de la entidad que resultó en un rango de entre 1.300 millones de euros, en el mejor de los casos, y una valoración negativa de 8.200 millones de euros en el peor escenario, siendo la mejor estimación una valoración negativa de 2.000 millones.

Deloitte calculaba que la entidad entonces presidida por Emilio Saracho tenía un déficit de provisiones de 5.300 millones de euros, en el mejor de los casos. De 6.600 millones de euros, en el escenario base. Y de 10.400 millones en la tasación más adversa.

La JUR ha censurado otras dos líneas clave del informe, la que estima las contingencias legales para cubrir demandas, y la de resolver alianzas. Fuentes de la JUR señalan que la regulación europea reconoce que las resoluciones pueden ocurrir de forma urgente y que, precisamente por ello, da margen para que se hagan valoraciones provisionales como la efectuada por Deloitte.

Apuntan también que en el momento de contratarles no esperaban que la quiebra del banco pudiese ocurrir «en un periodo tan corto», y como resultado se vieron «obligados a pedir a Deloitte que recortase dramáticamente los plazos», si bien consideran que el resultado del informe es «robusto».

En cuanto a la falta de información, señalan que «es consecuencia de la capacidad del banco para responder», dado que la entidad ya había proporcionado información durante el periodo de venta, pero «no pudo responder» a todas las demandas adicionales que hicieron los auditores.

La JUR ha publicado además su propio informe de valoración de la entidad, el plan de resolución que el plan había elaborado con el Popular en 2016, las cartas que se enviaron a los potenciales compradores, y una versión más amplia de la decisión de resolución publicada en junio.

La agencia respondió así a la petición de su panel de apelación, que en noviembre le instó a publicar las versiones no confidenciales de los documentos para dar respuesta a los afectados.

Estos consideran que el informe es una pieza clave para poder defender su caso ante los tribunales europeos y españoles.