Denuncia a Vodafone por cobrar 2,5 euros en el servicio telefónico de atención al cliente

Vodafone ha comenzado a cobrar 2,5 euros por cada llamada a su servicio de atención al cliente que sea atendida por un teleoperador para la resolución de determinados trámites.
La OCU ha denunciado a Vodafone ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid al haber confirmado mediante una llamada al servicio de atención al cliente que la compañía pretende cobrar 2,50 euros a sus clientes por realizar telefónicamente una serie de consultas o gestiones que venían siendo gratuitas hasta ahora.
Los trámites por los que ha comenzado a cobrar por cada llamada al teléfono 123 son, entre otros, preguntar por el código PIN y PUK en caso de que el cliente lo haya olvidado, cambiar la cuenta bancaria de la factura o preguntar por el periodo de permanencia que el cliente todavía acumula en caso de baja anticipada del servicio.
La compañía ha explicado que, pese a cobrar por las citadas llamadas, todos los clientes tienen una opción gratuita para gestionar dichos trámites si lo hacen de forma autónoma a través de diversos canales digitales habilitados, como «Mi Vodafone».
El cobro se produce en los casos de atención personalizada por un operario. «Siempre se avisa al cliente que tiene una opción gratuita para realizar el trámite», han concretado.

Medidas contrarias a la normativa según la OCU

Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios cree que, aunque la utilización del área de clientes o la App pueda resultar útil para algunos clientes, su uso debería ser opcional y no venir condicionado por la existencia de una tasa claramente ilegal. OCU recuerda que esta medida es contraria al artículo 21 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, pues pretenden cobrar por las consultas más habituales del servicio de atención al cliente, que tiene que ser gratuito.
Para OCU no hay justificación para la introducción de estas tarifas, que son contrarias a la normativa de protección de consumidores.
«Supone un claro perjuicio para los clientes, siendo los más afectados aquellos en menor medida familiarizados con el uso de internet, como las personas mayores», ha explicado la OCU en un comunicado.