DIA borró las comunicaciones electrónicas de Currás tres semanas después de su cese

El grupo DIA borró las comunicaciones electrónicas mantenidas por su exconsejero delegado Ricardo Currás tres semanas después de que fuera cesado de su cargo «sin que existiera copia de seguridad», por lo que no tiene acceso a esos registros.

Así lo ha transmitido la compañía a la Audiencia Nacional en un escrito al que ha tenido acceso Efeagro, en respuesta al requerimiento del tribunal para que remitiera las comunicaciones mantenidas por Currás y KPMG sobre la elaboración de las auditorías de los años 2017 y 2018.

El proceso está todavía en fase de instrucción e investiga las irregularidades contables detectadas en el seno de la empresa -por aquel entonces la firma cotizaba en el IBEX 35- con Currás al frente de su antigua cúpula directiva.

Los representantes legales de DIA en el proceso han trasladado al juez la «imposibilidad objetiva para aportar» las citadas comunicaciones debido a que todo el material fue «eliminado y borrado de los dispositivos electrónicos a disposición de Currás para el desarrollo de sus funciones».

Concretamente, la cadena de supermercados ha argumentado que «eliminó el usuario» de Currás el 16 de septiembre, y de acuerdo con las condiciones de contratación de Google las cuentas sólo pueden ser restauradas hasta 20 días después, período tras el cual «desaparecen definitivamente y no se pueden recuperar».

La petición del juez de la Audiencia Alejandro Abascal para acceder a esa documentación se produjo tras recibir una solicitud en ese mismo sentido de la Plataforma de Afectados de DIA, que agrupa a accionistas minoritarios de la firma y fue creada por el despacho de abogados Demandas Colectivas.

La salida de Currás fue anunciada públicamente el 24 de agosto de 2018 y su puesto lo ocupó Antonio Coto, cuyo cese se produjo apenas cuatro meses después.

La existencia de irregularidades no vio la luz hasta principios de febrero de 2019 con la publicación de sus cuentas consolidadas, aunque la investigación interna arrancó en el último cuatrimestre del año anterior, tras la marcha de Currás.

El grupo DIA, ahora controlado por un nuevo accionista -el multimillonario ruso Mijaíl Fridman- y liderado por un nuevo equipo directivo, está personado en la causa tras presentar una denuncia ante la Fiscalía por estos hechos.

El juez toma declaración estos días a varios testigos e investigados, entre ellos Ricardo Currás y su «número dos», Amando Sánchez Falcón, cuya intervención está prevista para mañana martes.

Hoy lunes ha sido el turno de retomar la declaración de la testigo Susana Pagés, antigua directora de Compras de DIA, quien según han revelado fuentes judiciales a Efeagro ha reconocido la existencia de irregularidades a través de la central de compras creada con Eroski.

No obstante, ha explicado -tal y como figura en el informe forense elaborado por EY- que transmitió sus dudas sobre las órdenes recibidas y contactó con la entonces directora de Recursos Humanos, Conchita Bravo, para confirmar que Currás estuviera al corriente, extremo que él mismo corroboró.

Además, ha informado de que su salida de la compañía le reportó un finiquito de 600.000 euros.

El informe forense de EY apunta a Currás como el ideólogo de las prácticas irregulares detectadas en DIA y señala que se ocultaron datos tanto al consejo de administración como al auditor KPMG, eludiendo el sistema de control interno.