Directivos de Iberdrola, ante la Audiencia Nacional por alterar el precio de la luz

Directivos de Iberdrola Generación España han defendido hoy ante la Audiencia Nacional que la compañía no alteró de forma intencionada el coste de la luz en el invierno de 2013, y han apuntado al riesgo de escasez de agua al que hacían frente sus centrales hidráulicas como causa de esta variación.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, tras las declaraciones celebradas esta mañana, las partes se encuentran a la espera del peritaje de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo que en noviembre de 2015 impuso una sanción, posteriormente recurrida, por estos hechos de 25 millones de euros.

Ya en aquel expediente, Iberdrola Generación justificaba su actuación al valorar que «anticipando una importante caída en sus reservas y un claro riesgo de escasez (de agua), era perfectamente racional extremar la prudencia en su gestión de las centrales y reservar cierta capacidad para las horas de máxima demanda» entre finales de diciembre y febrero.

Para ello, proseguía, la única forma de hacerlo era ofertar su electricidad a precios más elevados, lo que detuvo la caída de las reservas y evitó una situación de falta de recursos que habría encarecido aún más los precios de mercado.

Una versión que fue ratificada en sede judicial por el representante de la compañía, quien apuntó que la energética no sólo no obtuvo el supuesto «lucro ilícito» de 20 millones por el que está siendo investigada, sino que los problemas en las centrales le provocaron pérdidas económicas.

La denuncia contra Iberdrola la formuló Anticorrupción

En mayo de 2017, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno admitió a trámite la denuncia interpuesta por Anticorrupción, que acusa a la eléctrica de un delito contra el mercado y los consumidores, cometido entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013.

A tenor del documento, Iberdrola Generación habría ideado un sistema para incrementar el precio de la energía «más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda», por encima del mercado diario y en busca de un «lucro» millonario para la compañía.

Para la asociación de consumidores Facua, que ejerce la acusación particular, Iberdrola incurrió en una práctica delictiva al paralizar las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, para elevar el coste de la energía comercializada en el mercado mayorista y, con ello, las tarifas para el usuario final.

Argumentos que parten del análisis realizado por la CNMC, en virtud del cual impuso a la compañía 25 millones de euros por conducta muy grave en la manipulación del precio de la energía eléctrica.

La sanción fue suspendida de forma cautelar por la sección cuarta de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, encargada de resolver el recurso de Iberdrola.