El BCE, a diferencia del Popular, salva a la banca italiana Carige con su intervención

El Banco Central Europeo (BCE) dispuso hoy el nombramiento de tres administradores extraordinarios para gestionar la banca italiana Carige, que afronta momentos de dificultad al no prosperar una ampliación de capital de 400 millones de euros.

Los tres nuevos comisarios extraordinarios son Fabio Innocenzi, Pietro Modiano y Raffaele Lener, quienes deberán «adoptar todas las decisiones necesarias para la gestión operativa de la banca», según señala en un comunicado la propia entidad.

Además, el BCE ha nombrado un Comité de Vigilancia compuesto por otros tres miembros: Gian Luca Brancadoro, Andrea Guaccero e Alessandro Zanotti.

La medida se produce tras la dimisión de la mayoría de los miembros del Consejo de Administración con el fin de «dar más estabilidad y coherencia al gobierno de la sociedad para que sea aún más eficaz en su servicio», se resalta.

La estrategia de estabilización avalada por el BCE continuará con un reforzamiento patrimonial, el impulso comercial a través de la recuperación de las cuotas de mercado en el segmento «core» (negocio principal), la reducción de los créditos deteriorados y la búsqueda de «posibles combinaciones empresariales».

Modiano declaró en un comunicado que esta acción «simplificará y reforzará la gobernación de Carige» y permitirá una estrategia en un «cuadro de sana y prudente gestión».

«Las ventajas en términos de estabilidad se traducirán en beneficio para los clientes, trabajadores y para el territorio», añadió Innocenzi.

El banco genovés se enfrenta a un duro momento financiero y en los últimos meses ha arrastrado graves pérdidas en la Bolsa de Milán de hasta del 18 % de su valor, por lo que ante estos cambios de dirección hoy el regulador bursátil italiano suspendió su cotización.

El miedo de los inversores al futuro del banco se debe al rechazo de la junta de accionistas, el pasado 22 de diciembre, a la puesta en marcha de una ampliación de capital por 400 millones de euros.

El accionista mayoritario, la familia Malacalza, con el 27,5 % del capital, bloqueó esta iniciativa y también la emisión de bonos subordinados de entre 320 y 400 millones.

Dos acciones -la ampliación y la emisión de bonos- con las que la antigua Caja de Ahorros genovesa pretendía fortalecer su posición, en un plan vigilado por el BCE.

Y es que el banco, que ya tuvo que lanzar una ampliación de 500 millones de euros a finales de 2017, recibió en julio una advertencia del BCE que, en su calidad de supervisor bancario, le pidió que atajara la situación de crisis en la que se encuentra.

Tras el rechazo a la ampliación empezaron a llegar las dimisiones en su dirección, la primera la de la vicepresidente. Lucreazia Reichlin, hasta acabar con la salida de la mayoría de miembros de su Consejo. 

En junio de 2017, al Banco Popular español no se le dio esa opción de salvarlo «en beneficio para los clientes, trabajadores y para el territorio» porque se ordenó su resolución por la JUR, dependiente del BCE, que ordenó posteriormente la venta al Santander por un euro, perdiendo toda su inversión los accionistas y los bonistas del Popular.