El Canal de Isabel II se enfrenta a una expropiación en Colombia por una ley contra paramilitares y narcotraficantes
En 2001, cuando Alberto Ruiz-Gallardón era presidente de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno aprobó la compra del 75% de Inassa, por 73 millones de dólares, que a su vez se hizo con la empresa Triple A.

El Canal de Isabel II se enfrenta a una expropiación en Colombia por una ley contra paramilitares y narcotraficantes

24 enero, 2022
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Actualizado: 24 enero, 2022 1:00
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La embajada de España en Colombia apoya al Canal de Isabel II, después de que el país sudamericano haya aplicado una ley diseñada contra paramilitares y narcos para expropiar y vender las acciones, actualmente embargadas, con las que controlaba la empresa Triple A, de la compañía española Inassa, filial latinoamericana del Canal.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han confirmado a Efe que la embajada de España en Bogotá respalda en todo momento a la empresa española como lo haría con cualquier otra para solucionar el problema.

Según ha publicado el diario El País, Colombia ha aplicado una ley diseñada contra paramilitares y narcos para expropiar y vender las acciones con las que controlaba la empresa Triple A, que gestiona el agua en alguna de las principales ciudades colombianas y es propiedad de la compañía española Inassa, filial latinoamericana del Canal de Isabel II.

El Canal de Isabel II se hizo en 2001 con la empresa Triple A, a través de Inassa, investigada judicialmente en el caso Lezo.

En 2001, cuando Alberto Ruiz-Gallardón era presidente de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno aprobó la compra del 75 por ciento de Inassa, por 73 millones de dólares.

En 2017, estalló el caso Lezo con la detención del entonces presidente madrileño Ignacio González y exdirectivos de la compañía pública, en el que se investiga una supuesta trama de comisiones y sobrecostes urdida alrededor de la actividad internacional del Canal de Isabel II y de Inassa, la filial que controla esos negocios en América.

El 4 de octubre de 2018, la Fiscalía de Colombia anunció el embargo de acciones de Triple A por considerar que Inassa cobró unos 68 millones de euros a Triple A por un contrato de asistencia técnica que no se produjo, y ahora ha activado un mecanismo de «enajenación temprana», es decir, de expropiación.

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