El Estado tiene que indemnizar a Iberdrola

El Estado tiene que indemnizar a Iberdrola

11 marzo, 2022
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Actualizado: 11 marzo, 2022 10:17
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 El Estado tendrá que indemnizar a Iberdrola por la financiación del bono social de 2014, tras estimar un recurso presentado por la eléctrica contra el real decreto que desarrollaba la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades destinadas a financiarlo.

En una sentencia fechada el pasado 21 de diciembre, la sala de lo contencioso considera inaplicable el régimen de financiación, por ser incompatible con la directiva europea, y declara el derecho de Iberdrola a ser indemnizada por las cantidades abonadas hasta la fecha de ejecución de la sentencia.

De este modo, tendrán que serle reembolsadas todas las cantidades que haya abonado por ese concepto, más los intereses legales correspondientes computados desde la fecha en que se hizo el pago hasta la de su reintegro.

Entre otros argumentos, el Supremo ve discriminatorio que se exonere de la financiación del bono social a las empresas de transporte, ya que no se justifica que «entre los agentes que intervienen en los otros tres sectores del sistema eléctrico -generación, distribución y comercialización- el coste se haga recaer únicamente sobre las compañías que desarrollen simultáneamente las tres actividades».

Es discriminatorio, prosigue la sentencia, que queden eximidas «las sociedades o grupos empresariales cuya actividad se centre en sólo uno o incluso en dos de esos sectores de actividad».

El Supremo se atiene además a lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en octubre pasado fijó que la norma comunitaria vigente se opone a que el coste de financiación del bono social se haga recaer únicamente en las matrices de los grupos de sociedades o, en su caso, en sociedades que desarrollen simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización de energía eléctrica.

Esa diferencia de trato entre las distintas empresas que operan en el mercado no está justificada, señalaba el TJUE. 

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