El estatuto electrointesivo de la ministra Maroto: Menos dinero y más empresas para repartir

El Gobierno gallego, gobernado por el PP, ha criticado el borrador del nuevo estatuto de los consumidores intensivos en electricidad por su menor dotación económica respecto al vigente y con más empresas en la lista de ayuda, mientras que el de Asturias, como era de esperar al estar gobernado por el PSOE, ha destacado que cumple con el objetivo de rebajar la factura energética de la industria.

El Estatuto Electrointensivo, elaborado por el Ministerio de Industria, que dirige Reyes Maroto, ha iniciado hoy el trámite de audiencia pública, beneficiará a unas 600 industrias con alto consumo eléctrico, a las que bonificará en un 85 % los cargos de su factura.

Esto implicará un ahorro conjunto de unos 90 millones que, sumados a las compensaciones por costes de CO2 (172 millones el pasado año), elevarán a más de 262 millones el apoyo a estas industrias.

Sin embargo no es oro todo lo que reluce, al menos en opinión del gobierno gallego. Francisco Conde, consejero de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia, que gobierna el PP, ha señalado que el nuevo texto tiene menor «dotación económica» y más beneficiarios que en 2017.

Con «menos dinero y más empresas» es «muy difícil que las empresas que más necesitan esta ayuda como Alcoa San Cibrao (Lugo) puedan disfrutar de un precio competitivo», ha dicho al tiempo que ha recordado que el Gobierno «obvió todas las propuestas» que le trasladó la Xunta.

El precio de la electricidad incide en los costes industriales de compañías con implantación en Asturias, como ArcelorMittal, Alu Ibérica (antigua Alcoa) o AZSA, y Galicia, como Alu Ibérica, Ferroatlántica o Sabón.

Como no podía ser de otra forma, Enrique Fernández, consejero de Industria asturiano, comunidad gobernada por el PSOE, ha señalado este martes que, a falta de conocer «el detalle final», la nueva normativa cumple con la rebaja la factura energética de la industria y mejorará la estabilidad y competitividad de las empresas.

El Gobierno asturiano lo estudiará en detalle con el sector industrial del Principado para plantear posibles alegaciones «si es que procede», ha señalado.

Los sindicatos, por su parte, dan una de cal y otra de arena a la ministra Maroto

UGT-FICA considera que el Estatuto que ayer fue presentado a los agentes sociales es un avance, al reconocer la especificidad a los sectores industriales con un elevado consumo de electricidad.

El sindicato, sin embargo, quiere más. Ha dicho que va a instar a que todos los mecanismos de apoyo recogidos en el proyecto de real decreto de Estatuto del Consumidor Electrointensivo sean ampliados y aumentados para que se elimine el diferencial de precio con países del entorno, como Francia y Alemania.

Entre las peticiones del sindicato, está que las compensaciones por costes indirectos de CO2 se apliquen en el mayor porcentaje posible y para ello los Presupuestos Generales del Estado deben recoger la máxima cuantía marcada en la directiva de la UE, además de seguir eliminando cargas sobre el precio de la electricidad y el gas, en los costes regulados y en los no vinculados al suministro.

Además, UGT-FICA ve necesario incluir en el Estatuto del Consumidor Electrointensivo medidas de protección del empleo y de las condiciones laborales que obliguen a las empresas que sean compensadas a través de sus medidas a garantizar la continuidad industrial, evitando la deslocalización a países del entorno de la UE que favorecen una tarifa eléctrica reducida.

El sindicato ha anunciado que, en el periodo de consulta pública que se abre a partir de este martes, formulará alegaciones para que se lleve a cabo un seguimiento del cumplimento de los requisitos para que las empresas accedan a las compensaciones recogidas en el Estatuto del Consumidor Electrointensivo.

Por su parte, CCOO ha exigido que el Estatuto garantice el empleo, pues de los sectores afectados dependen miles de puestos de trabajo y el objetivo debe ser evitar los cierres y los expedientes de regulación de empleo por los altos costes de la energía.

Según el sindicato, para que haya empleo de calidad deben bajar los costes, a fin de mejorar la competitividad de estas industrias, y ha reclamado medidas que vayan más allá de simplemente mantener la actividad en ellas.