El Gobierno afronta el debate del decreto de la luz tras el jarro de agua fría de Europa

El Gobierno afronta este jueves el debate parlamentario del decreto para tratar de contener el efecto de la subida del precio del gas en la factura eléctrica con la decepción de que la Unión Europea (UE) no haya abierto hoy la puerta a revisar el sistema de subastas que rige en Europa.

Después de haber dicho que estaba dispuesto a revisar las medidas incluidas en ese polémico decreto que afectan a los beneficios de las eléctricas si la UE adoptaba medidas conjuntas contundentes, las propuestas presentadas este miércoles por la Comisión Europea han decepcionado al Ejecutivo.

En palabras de la ministra del ramo, Teresa Ribera, se trata de propuestas «manifiestamente incongruentes» y que no abordan «la excepcionalidad de la situación», que se puede prolongar «algún tiempo», y ha defendido que sería una pena que Europa «no esté a la altura de las circunstancias».

El Ejecutivo ha señalado en las últimas fechas la necesidad de revisar el sistema de fijación de precios de los mercados eléctricos, cuyo componente marginalista penaliza a las fuentes más baratas, normalmente las renovables, y provoca que la tecnología más cara marque el precio del resto.

Al contrario de lo que buscaba España, la Comisión cree que los Estados miembros son los que están «en mejor posición y equipados» en el corto plazo para hacer frente a la escalada de precios energéticos, y considera que las normas comunitarias permiten reaccionar con «flexibilidad» a esta situación.

Además, España ha propuesto crear una plataforma comunitaria que centralice las compras de gas natural para crear una reserva estratégica que garantice el suministro, y revisar el mercado de emisiones de dióxido de carbono (CO2) para evitar la especulación, limitando la presencia en este a las empresas energéticas e industriales.

En cualquier caso, este debate se trasladará a la cumbre europea del 21 y 22 de octubre, cuyos acuerdos podrían aplicarse de manera inmediata y repercutir en el recibo del mes de noviembre.

LAS EMPRESAS PIDEN QUE LA MEDIDA SEA TEMPORAL

Mientras, Ribera ha concluido hoy su ronda de reuniones al más alto nivel con las energéticas más afectadas por el polémico decreto con Naturgy e Iberdrola. En días previos lo ha hecho con Endesa, EDP y Acciona.

Iberdrola es la que más crítica se ha mostrado públicamente con el Ejecutivo durante las últimas semanas, llegando a calificar algunas de las medidas planteadas como «intervencionismo terrorífico».

La empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán llegó a anunciar hace unos días que se replantearía toda su política de inversiones en España. Concretamente, dijo que solo seguirían invirtiendo en España si se establecía un «marco regulatorio estable».

Tanto Iberdrola como Endesa, según un informe de la agencia de calificación Fitch, dejarán de ganar 1.000 millones de euros cada una con el recorte de beneficios aprobado por el Gobierno, y que les situará en una clara situación de «desventaja competitiva» respecto a sus homólogas europeas.

Según ha informado Iberdrola tras la reunión que hoy ha mantenido su presidente con la vicepresidenta tercera del Gobierno, Galán ha defendido que la minoración prevista en el decreto por el precio del gas no afecte a los clientes con contratos a precios fijos.

Asimismo, ha pedido que esa medida sea modificada y se establezca un horizonte temporal y carácter transitorio para su aplicación, al tiempo que ha reclamado que se tomen medidas para asegurar el suministro de gas durante el próximo invierno.

Fuentes de Naturgy han explicado que su presidente, Francisco Reynés, también ha traslado a la ministra durante la reunión que han mantenido varias propuestas con el objetivo de contribuir a un debate constructivo ante la situación actual del sector eléctrico.

Reynés también ha pedido que la minoración no aplique a las tarifas a precio fijo para clientes industriales firmadas antes del 14 de septiembre (cuando se anunció el texto), porque ello impediría el desarrollo de las renovables.

Además, ha pedido que se confirme el carácter transitorio y temporal de las medidas recogidas en el decreto y asegurar que su aplicación sea solo de seis meses. «De no ser así, esta incertidumbre hará imposible firmar ningún tipo de contrato a largo plazo» de suministro a plazo fijo, argumentan las citadas fuentes.

En estas reuniones el Gobierno está trasladando a las eléctricas la necesidad de que se impliquen más a la hora de ofrecer soluciones a la industria mediante contratos de suministro a largo plazo y que refuercen la protección a los consumidores vulnerables.

DEBATE PARLAMENTARIO

De cara al debate de mañana en el Congreso sobre la convalidación del real decreto, el PNV ha defendido este miércoles durante la sesión de control al Gobierno la necesidad de «retocar y reorientar» unas medidas que abocarán a las empresas a unos costes energéticos que podrían repercutir en el empleo.

El partido vasco, uno de los principales apoyos del Ejecutivo en la actual legislatura, ha asegurado a través de su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, que el Gobierno debe tomar nuevas medidas «aquí y ahora» para evitar que las eléctricas repercutan sus pérdidas en los contratos fijos de clientes industriales, y ha defendido que «sin competitividad no hay crecimiento económico».

En su respuesta, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha mostrado abierto a «aclarar y precisar lo que haga falta» para evitar que el real decreto provoque consecuencias perjudiciales para los consumidores domésticos y las empresas.

Sin embargo, Sánchez ha insistido en que es de justicia social que las energéticas también «arrimen el hombre y no repercutan en el recibo de la luz».