El Gobierno en funciones se alía con las eléctricas y gasistas en un frente común contra la CNMC

El Ministerio para la Transición Ecológica, dirigida actualmente por una responsable en funciones, Teresa Ribera, ha estimado mediante un informe no vinculante que la propuesta de recortes a la retribución de transporte y distribución de electricidad y gas no cumple los objetivos en materia de energía y clima propuestos por el gobierno.

El Ministerio considera positiva la propuesta tanto en términos de cambios metodológicos como en los incentivos recogidos para prolongar la vida útil de las instalaciones, pero ha estimado que las medidas planteadas no consideran de manera adecuada las inversiones necesarias para cumplir los objetivos del ministerio en la materia.

Asimismo, ha alegado que las necesidades de inversión en las redes no concuerdan con los objetivos en energía y clima dictaminados por el Ministerio y además su regulación corresponde al gobierno mediante el real decreto y no al ente regulador.

Es el gobierno el que debe regular el establecimiento de un límite máximo de inversión anual, así como la aprobación de los planes de inversión en el sector tal y como recoge la ley de 2013, ha detallado el ministerio en el informe.

La propuesta «no identifica un concepto retributivo en las inversiones cuya finalidad es la modernización» de estas redes, por lo que, según el ministerio, la CNMC «no ofrece un marco retributivo claro» y además añade que hasta la fecha se desconocen los detalles del desarrollo de esta propuesta.

Por todos estos factores, el ministerio ha considerado necesaria la convocatoria de la Comisión de Cooperación con el objetivo de resolver las discrepancias que contiene la propuesta y asegurar un marco normativo coherente, a la vez que se respetan las competencias tanto de la CNMC como del gobierno.

El recorte propuesto por la CNMC para seis años (2021-2026) supondría una rebaja anual media en comparación con el sistema que se aplica hasta ahora del 23,5 % en la actividad de las empresas dedicadas al transporte de gas y electricidad, lo que supondría pérdidas de 723 millones de euros, según el informe.

Este recorte supondría para las plantas regasificadoras una rebaja anual del 12 % de sus actividades, que supondría unas pérdidas de 356 millones para el sector, añade la fuente.

Tanto las eléctricas como las empresas de gas ganan miles de millones de euros todos los años vendiendo un producto, que son bienes básicos, imprescindibles para vivir, en un mercado regulado y que reparten de dos formas: En forma de dividendo entre sus accionistas, muchos de ellos fondos de inversión que solo persiguen la máxima rentabilidad y en forma de grandes sueldos entre sus ejecutivos, que, como el caso de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, que llega a superar los 9 millones de euros al año.