El Gobierno impide la liberalización del taxi con una ley antiUber

El Gobierno impide la liberalización del taxi con una ley antiUber

20 abril, 2018
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Actualizado: 20 abril, 2018 14:24
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El Consejo de Ministros ha aprobado, como había anunciado Federtaxi, un real decreto-ley que modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. De esta forma, se impedirá la liberalización del taxi, en contra del criterio de Competencia y antes de que se pronuncie el Tribunal Supremo.

De esta forma, el Gobierno ha aprobado ahora la nueva ley sobre licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC). El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, explicará su contenido en la conferencia de prensa posterior a la reunión del gabinete. La nueva Ley tendrá que ser aprobada en el Congreso de los Diputados en un plazo de 30 días.

La aprobación de esta norma, que deberá ser convalidada por el Congreso, resta trascendencia a la decisión que el Tribunal Supremo debe adoptar sobre el recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra el real decreto de 2015 que limita el número de licencias VTC y les impone una serie de condiciones.

Este recurso, al que se sumaron posteriormente Unauto, la patronal de las VTC, y las plataformas Uber y Cabify, pide la nulidad de tres preceptos, entre ellos el que fija una proporción de treinta taxis por cada VTC. El contenido de este real decreto ha sido defendido por el Ministerio de Fomento y los representantes de las asociaciones de taxistas.

El Gobierno impone por ley 1 VTC por cada 30 licencias de taxi

El real decreto-ley incluye la posibilidad de que las comunidades autónomas denieguen la concesión de nuevas licencias cuando la proporción sea superior a un VTC por cada treinta taxis. La norma, que deberá convalidar ahora el Congreso, recoge también la obligación de los VTC de prestar dentro de su comunidad autónoma al menos el 80 % de sus servicios.

Estos dos preceptos ya estaban recogidos en el Reglamento de Ordenación de Transporte Terrestre en la redacción dada en el real decreto de 2015, sobre el que deberá pronunciarse el Tribunal Supremo a raíz del recurso presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El real decreto-ley incluye una disposición adicional que establece la convocatoria, de forma extraordinaria, de la Conferencia Nacional de Transportes para analizar la legislación estatal y autonómica y comprobar si se pueden introducir cambios para mejorar la competitividad.

Los Ayuntamientos han dado más licencias de las que estipula ahora la ley

Forman parte de la Conferencia el ministro de Fomento y representantes de las comunidades autónomas. De la Serna ha asegurado que el real decreto-ley permitirá garantizar una «convivencia equilibrada» entre los taxis y las VTC, y proporcionará una mayor «seguridad jurídica».

Según el titular de Fomento, la nueva norma también ha tenido en cuenta lo ocurrido como consecuencia del vació legal que se produjo entre la Ley Omnibus de 2099 y el real decreto de 2015. En ese sentido, ha recordado que en los últimos meses se han concedido numerosas licencias por sentencia judicial, lo que ha roto «de facto» la proporción 1/30.

De la Serna ha apuntado que en abril había 64.217 licencias de taxi y 7.058 licencias de VTC, lo que supone una proporción 1/9.

Una oportunidad perdida para crear empleo y blindaje del monopolio del taxi

Uber ha señalado que la nueva ley sobre las VTC es una oportunidad perdida para la creación de miles de puestos de trabajo en España y para la modernización de la movilidad en las ciudades del país. Un portavoz de Uber ha indicado que esperan ponerse a trabajar con el Gobierno, las plataformas y el sector del taxi en una nueva regulación «que haga posible que cada vez más ciudadanos dejen su coche en casa«.

Según un estudio elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) para Uber, el «monopolio del taxi» supone un sobrecoste para el usuario de 4,9 euros por trayecto medio y revierte en unas «rentas monopolísticas» de 20.537 euros por licencia de taxi al año.

Además, señala que las restricciones regulatorias cuestan a los ciudadanos 603 millones de euros y considera que «la combinación de las VTC con políticas públicas de disuasión del uso del vehículo privado crearía más de 77.000 nuevos empleos, que se añadirían a los existentes en el sector del taxi y el de VTC».

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