El Gobierno ha aprobado un real decreto que regula la concesión directa de préstamos a la empresa pública Navantia, que acumula 17 años de números rojos y que en 2024 perdió 197 millones, el 62% más que en 2023, para «el desarrollo de cinco programas industriales por un total de 2.292 millones de euros con carácter excepcional y por razones de interés público, social y económico». Simplemente se trata de mantener a la deficitaria empresa de la Sepi con dinero público a flote. Este «préstamo» llega después de perder un contrato para la venta de 12 submarinos S-80 a Canadá que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, negoció sin éxito.
Dadas las elevadas inversiones necesarias para acometer estos programas, su realización sería imposible sin el apoyo de la Administración General del Estado en su financiación, según recoge dicho real decreto, que se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En qué consisten estos cinco programas de Navantia
Este real decreto abarca el programa para el desarrollo de un nuevo buque de aprovisionamiento de combate (BAC II) que reemplace al actual BAC A-14 Patiño, que llegará al final de su vida útil hacia 2030. Para este programa la financiación es de 380 millones de euros.
El segundo de ellos es el programa de nuevas tecnologías aplicadas en plataformas marítimas y consiste en la modernización de las fragatas de la clase Álvaro de Bazán (F-100), que entraron en servicio entre 2002 y 2006, a fin de extender su vida operativa al menos 20 años. En este caso el importe asciende a 1.280 millones.
El tercero es el programa de nuevas tecnologías aplicadas en plataformas marítimas anfibias para modernizar dos buques de asalto anfibio de la Armada. Para la prefinanciación del mismo se fija un importe de 240 millones.
El cuarto programa se centra en un buque de acción marítima de inteligencia (BAM AGI) que reemplace al buque «Alerta», en servicio en la Armada desde 1992. El préstamo es de 242 millones.
Por último, se encuentra el programa relativo al buque hidrográfico oceánico y consiste en la construcción de un buque multidisciplinar para desarrollar la capacidad hidrográfica de la Armada. En este caso la prefinanciación es de 150 millones.
Plan para la Seguridad y Defensa
El pasado mes de abril, el Gobierno puso en marcha un Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa como respuesta al contexto geopolítico internacional, la aparición de nuevas amenazas y el replanteamiento de la alianza atlántica.
Este plan contempla un conjunto de medidas, entre las que se encuentra el lanzamiento de nuevos programas especiales de modernización, que precisan la prefinanciación del Ministerio de Industria y Turismo y que se espera que tengan efectos positivos en el empleo, al tiempo que impulsan la innovación tecnológica y desarrollo industrial.
Los préstamos objeto de este real decreto están amparados por la Unión Europea, ya que las actividades financiadas son necesarias para la protección de los intereses esenciales de la defensa y seguridad nacionales y se dirigen a actuaciones de naturaleza militar.
Este real decreto, aprobado por el Consejo de Ministros, ha sido a propuesta del Ministerio de Industria y Turismo, con la aprobación previa del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y el informe del Ministerio de Hacienda.
Todos estos préstamos tienen carácter plurianual, se imputarán a la aplicación presupuestaria y se otorgan a un interés del 0 %. Además, están asociados al cumplimiento de cada uno de los hitos que se establezcan.
Si no llegara a formalizarse el negocio entre el Ministerio de Defensa y la entidad beneficiaria antes del 31 de octubre de 2026, ésta estará obligada a devolver al Tesoro Público la totalidad del préstamo que hubiera recibido.
