El ‘impuesto de las tres mentiras’ llega al debate del Congreso

El Pleno del Congreso debatirá este martes la admisión a trámite de la proposición de ley para la creación de unos impuestos temporales para grandes bancos y energéticas, con los que se espera recaudar 7.000 millones de euros en dos años. Este impuesto, altamente criticado tanto por la banca como por las empresas energética porque ahuyentará inversiones, ha sido calificado por Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, como el de «las tres mentiras». Mientras tanto, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno PSOE-Unidas Podemos, afirma que ha llegado el momento de que la banca y las empresas energéticas «devuelvan el favor».

El máximo ejecutivo de la primera petrolera española considera que «no es un impuesto porque sería ilegal al introducir un doble imposición». Además, añade, «que no es sobre los beneficios, porque se aplica sobre las ventas y una empresa puede estar perdiendo dinero y tener que pagarlo, y recalca que, en el caso de las petroleras, no es un extraordinario, pues su negocio es cíclico, y a veces ganan y otras pierden.

En este sentido, ha recordado que Repsol ha perdido dinero en los últimos tres años y medio, en concreto 7.000 millones en el periodo 2019-2020.

El presidente de BP en España, Andrés Guevara, advierte de que el impuesto pone en riesgo el plan de inversión de la compañía en España, donde no se pueden desgravar las inversiones en renovables, a diferencia de Reino Unido. Ha señalado que con ello «más bien se espanta» a estas inversiones y que, por ejemplo, en el caso de BP se pone en riesgo su plan de inversión en España, donde su intención es multiplicar por ocho la que ha hecho desde que está en el país.

Por su parte, el consejero delegado de Cepsa, Maarten Wetselaar, defiende que hay que cuidar a los inversores en infraestructuras críticas de energía en España, y que no es el momento de perder su confianza ni de dañar la capacidad de inversión de las compañías o la competitividad de estas empresas en España. 

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, como el resto de las grandes eléctricas, Iberdrola y Naturgy, niega que las eléctricas estén teniendo beneficios extraordinarios con la subida de la luz.

Tramitación de la proposición de ley

Todo apunta a que la Cámara Baja aceptará la tramitación de la proposición de ley, que iniciará así su andadura legislativa con el objetivo de entrar en vigor a comienzos del próximo año y que dos de los sectores beneficiados por la actual crisis aporten más.

Los nuevos impuestos para grandes bancos y empresas energéticas fueron anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y finalmente se materializaron en una proposición de ley conjunta de PSOE y Unidas Podemos.

El texto prevé la creación de dos prestaciones patrimoniales de naturaleza pública y carácter no tributario, que no podrán trasladarse a los consumidores, una obligación que será vigilada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y cuyo incumplimiento sería una falta «muy grave» sancionada con el 150 % del importe trasladado.

Las prestaciones afectarán a una veintena de grandes empresas durante dos años, a pagar en 2023 y 2024, aunque referidas a los resultados del año previo, y no podrán deducirse en el impuesto de sociedades.

La prestación energética, que prevé recaudar 2.000 millones anuales, gravará con un tipo del 1,2 % la cifra de negocios anual de las grandes empresas eléctricas, gasistas y petroleras (aquellas que facturaron más de 1.000 millones en 2019).

Por lo que respecta a la bancaria, que espera recaudar 1.500 millones anuales, ascenderá a un 4,8 % del margen de intermediación, es decir, los intereses netos -diferencia entre los que cobra y los que paga- y las comisiones netas -diferencia entre las cobradas y pagadas-, siempre que la entidad superara los 800 millones de intereses y comisiones brutas en 2019.

Tras el anuncio de los impuestos, las patronales de la banca (AEB) y de las antiguas cajas de ahorro reconvertidas en bancos (CECA) denunciaron que la tasa supondrá un obstáculo para la recuperación económica, aunque se mostraron dispuestas a dialogar con los grupos parlamentarios durante la tramitación de la norma.

También la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, aelēc, denunció que la introducción de un nuevo gravamen extraordinario y temporal no está justificado, es ineficaz para contener el alza de los precios, contrae la actividad económica y compromete las inversiones para acelerar la descarbonización de la economía.