El informe de Bankia puede dejar al juez Andreu sin argumentos

El caso Bankia puede dar un vuelco en las próximo días cuando el juez de la Audiencia Nacional, que investiga la salida a Bolsa de la entidad, Fernando Andreu, reciba el informe que ha solicitado al propio banco. Bankia tiene que informar al magistrado sobre una relación de los apuntes contables, importes y fechas de ingreso y abono en cuenta que justifiquen el nivel de provisiones que declaró tener en marzo de 2011, fecha de la oferta pública de suscripción de acciones (OPS), así como la misma información que justifiquen la existencia de provisiones en Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, en diciembre de 2010.

Según fuentes judiciales, con toda probabilidad, Bankia se ratificará en lo ya dicho hasta la fecha. El banco, presidido por aquel entonces por Rodrigo Rato, contaba en marzo de 2011 con 6.913 millones de euros de provisiones genéricas, específicas y específicas no asignadas, como constaba en el folleto de la salida a bolsa, que se produjo en julio de ese año, por lo que era una entidad solvente y apta para cotizar en el mercado.

Este nuevo informe se unirá a otros existentes en el mismo sentido y no solo a los encargados por Rodrigo Rato, que podría interpretarse como parte interesada en el caso. Tanto representantes del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la auditora Deloitte, así como la propia Bankia, han defendido siempre ante el juez que la entidad disponía en su debut bursátil de provisiones de sobra, que sus cuentas reflejaban fielmente el patrimonio de la sociedad y que el trabajo de auditoría fue correcto.

La acusación sólo se sostiene ahora por el informe de los dos peritos designados por el Banco de España a petición del juez, Antonio Busquets y Víctor Nogueras. Ambos concluyeron que las cuentas que sirvieron de base para la salida a bolsa de Bankia no reflejaban la imagen fiel de la entidad, ni las del conjunto de 2011, tanto las del expresidente Rodrigo Rato como las formuladas tras la llegada de José Ignacio Goirigolzarri. 

En concreto, Nogueras y Busquets aseguran que la salida a bolsa de Bankia fue «fraudulenta» dado que los estados financieros recogidos en el folleto informaron de unas provisiones para insolvencias de 6.913 millones de euros que ambos expertos consideran «falsas». Algo que desmiente el resto de informes pero que dio pie a que diversos juzgados, apoyados por el Supremo, dictaminaran en contra de Bankia y su salida a Bolsa, La entidad, para frenar la litigiosidad judicial, reducir los costes en su balance e eliminar la incertidumbre entre inversores y clientes, se vio obligada a devolver a los inversores particulares el dinero invertido más intereses, con un coste superior a los 1.800 millones de euros.

En este caso Bankia, además, las contradicciones también aparecen en la sentencia del Supremo. No son pocos los juristas que se preguntan que si realmente hubo fraude por qué se distingue entre los particulares, que sí tienen derecho a indemnización, y los institucionales, que no la tienen. Si hay fraude, los afectados son todos, pequeños y grandes inversores, afirman.

Quizás el juez Andreu se esté dando cuenta de que se ha metido en un callejón sin salida. Con recortes de prensa en la mano, con denuncias como la de UpyD o de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), sindicato de las antiguas cajas, o con dos peritos y un inspector del Banco de España en busca de su momento de gloria abrió un caso que cada día que pasa tiene menos posibilidades de salir adelante.

Ya tuvo que dar marcha atrás cuando rebajó la fianza de Rato de 800 millones de euros a poco más de 30, pero quizás lo más grave del caso Bankia está por llegar.

Si se demuestra, como toda apunta, a que las cuentas presentadas en la OPS reflejaban fielmente el patrimonio de Bankia y existían esas provisiones por 6.913 millones y que los peritos del juez Andreu están equivocados en sus informes ¿cómo va a recuperar ahora Bankia el dinero que ya abonado a los particulares en concepto de indemnización que llevó a cabo presionada por sentencias judiciales en contra que basaron sus condenas en los informes de esos dos peritos? Y ¿cómo va a reparar la sociedad el daño moral y económico que se ha hecho a Rodrigo Rato a su entorno y a otros dirigentes de Bankia? Parece que el caso ha tenido más de escarnio público que de auténtica justicia.

De hecho, además, hay otro dato más, la cotización de Bankia se mantuvo estable en Bolsa durante los ocho meses posteriores a su OPS. Incluso hay particulares que no han tenido derecho a indemnización porque ganaron dinero vendiendo sus acciones. El valor comenzó a caer como el resto del mercado, conforme la crisis financiera internacional golpeó con fuerza a España y la morosidad de la banca se disparó, precisamente, porque cientos de miles de particulares, autónomos, pymes o empresas dejaron de cumplir con sus obligaciones crediticias con los bancos, acabando con sus provisiones y estrangulando su liquidez. Quizás, ni los particulares ni los grandes inversores advirtieron la gravedad de la crisis que se avecinaba, pero una inversión en Bolsa es siempre una inversión de riesgo. La mayoría del mercado se hundió y no por eso fue demandado ningún otro gestor de ninguna otra empresa cotizada.