Los exjefes de gabinete de las exministras Teresa Ribera, que era responsable de Transición Ecológica y ahora vicepresidenta de la Comisión Europea, y Reyes Maroto, la responsable de Industria en la actualidad jefa del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid tras su descalabro electoral, están citados en enero como testigos nte el juez que investiga un fraude millonario de IVA en hidrocarburos, donde volverán a declarar también los dos principales imputados: Víctor de Aldama, presunto comisionista del caso Koldo, y Claudio Rivas.
Se trata de la causa donde el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga un fraude de 182,5 millones en IVA entre 2022 y 2024 y en la que un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntó a que la trama habría tratado de «obtener la influencia» del exministro José Luis Ábalos a cambio de presuntas contraprestaciones.
El juez ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso EFE este lunes, en la que fija para inicios del próximo año una ronda de declaraciones, entre los que figuran como testigos Juan Ignacio Bidart, que fue jefe de gabinete de la exministra de Industria, Reyes Maroto, y Marc Pons, jefe de gabinete de la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, citados el 28 de enero.
Koldo García se reunió hasta tres veces en 2020 con Juan Ignacio Bidart, exjefe de Gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto en la actualidad representando al PSOE en el Ayuntamiento de Madrid
Según la UCO, el exasesor de Ábalos, Koldo García se reunió hasta tres veces en 2020 con Juan Ignacio Bidart, una en presencia de Aldama; también mantuvo «contactos» con Marc Pons y sostiene que hay indicios de que se reunieron en el Ministerio el 8 de julio de 2021.
La supuesta trama investigada perseguía, según la UCO, que la empresa Villafuel obtuviese la autorización como operador mayorista de hidrocarburos. No lo consiguió en un principio, si bien finalmente obtuvo la licencia el 12 de septiembre de 2022 al considerar que cumplía el requisito de capacidad financiera.
El 28 de enero también está citado uno de los presuntos cabecillas de la trama, Claudio Rivas, en calidad de investigado, mientras que Víctor de Aldama, a quien los investigadores también situaban en la «cúspide» de la organización, comparece un día después.
Ambos fueron detenidos en octubre de 2024 e ingresaron en prisión preventiva. El juez sacó de la cárcel a Aldama poco más de un mes después, tras declarar en otra causa, el caso Koldo -en la que está a la espera de juicio-, que pagó una serie de comisiones a cargos públicos. Claudio Rivas fue puesto en libertad el 17 de diciembre de ese año.
Cuando el juez los envió a prisión, Aldama prestó una breve declaración en la que negó cualquier vínculo con los hechos.
Más testigos por el caso hidrocarburos
El juez cita también como testigo a Manuel Hernández García, un nombre que no está en el caso pero que podría corresponder a Manuel García Hernández, director general de Política Energética y Minas, lo que constituiría el segundo error respecto a la misma persona en la causa.
Porque la UCO incluyó por error en su último informe sobre el caso una mención al director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández, por una supuesta conversación con Aldama en marzo de 2021, poco antes de que la empresa Villafuel presentase un escrito de alegaciones tras una nueva negativa de la autorización de operador.
En realidad, Aldama se intercambió mensajes con Manuel García Maroto, pero la UCO interpretó que era una equivocación y que se trataba del director general de quien, además, dependía jerárquicamente la persona que estaba tramitando el expediente.
De hecho, los investigadores apuntaron en una nota a pie de página que, «si bien el nombre de contacto guardado por Víctor de Aldama consta como Manuel García Maroto, se considera que podría corresponderse con un error, considerando plausible que la identidad del contactado se correspondiera con la del director general mencionado».
90.000 euros para la sede del PSOE, según Carmen Pano
También comparecerán el 30 de enero las empresarias Carmen Pano -que dijo haber llevado dos bolsas con 90.000 euros a la sede del PSOE- y su hija, Leonor, ambas investigadas.
Un día antes está citado como testigo un empresario que, según la UCO, habría actuado como «intermediario en la adquisición de un bien inmueble de interés» para Ábalos y que está «vinculado empresarial y operativamente» con Claudio Rivas en torno a la operadora Gaslow, implicada en otro presunto fraude de hidrocarburos anterior.
Este empresario, Manuel S., también habría contratado en su empresa Instalibero District a Koldo García «bajo la apariencia de un puesto de consultor en seguridad y sobre el que no hay constancia de prestación efectiva de servicios», en 2022.
