El juez exonera por segunda vez a Brufau, Fainé, Repsol y Caixabank del caso Villarejo
El excomisario Villarejo tiene numerosa información comprometida sobre distintas empresas tanto del IBEX 35 como no cotizadas por las que fue contratado siendo policía en activo. | EFE

El juez exonera por segunda vez a Brufau, Fainé, Repsol y Caixabank del caso Villarejo

A diferencia de Ignacio Sánchez Galán, presidente y CEO de Iberdrola, el magistrado descarta que Antonio Brufau e Isidro Fainé participaran en el encargo a Cenyt, empresa vinculada al excomisario de Policía Villarejo y los exonera de todos los cargos
02 junio, 2022
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Actualizado: 03 junio, 2022 1:17
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El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha archivado provisionalmente la investigación al presidente de Repsol, Antonio Brufau, al que fuera su homólogo en CaixaBank, Isidro Fainé, y a las dos cotizadas como personas jurídicas, por la contratación del excomisario José Villarejo. De esta forma, solo queda en el IBEX 35 un máximo responsable de una empresa, la eléctrica Iberdrola y su presidente y CEO, Ignacio Sánchez Galán, imputado en el caso Villarejo.

En un auto de procedimiento abreviado fechado este jueves, el magistrado descarta que Brufau y Fainé participaran en el encargo a Cenyt, empresa vinculada al policía, para investigar el intento de toma de control sobre la petrolera por Sacyr y Pemex, y los exonera de todos los cargos.

Se trata de la segunda vez que el magistrado archiva la implicación de los dos directivos y las empresas de esta causa, tras el archivo provisional que decretó en julio de 2021 y que fue revocado por la sala de lo penal en febrero de este año.

Asimismo, el juez ha acordado el sobreseimiento para el exsecretario general y del consejo de administración de Repsol, Luis Suárez de Lezo; el exdirector corporativo de servicios patrimoniales de la petrolera, Juan de Amunátegui; el exdirector corporativo de gestión patrimonial, Joaquín Uris, y el exdirector general de medios de CaixaBank, Antonio Massanell.

Por el contrario, el magistrado ha decidido procesar al propio excomisario, a su socio Rafael Redondo, al exjefe de Seguridad de Repsol, Rafael Araujo; al que fuera su «número dos», Rafael Girona; al exresponsable de Seguridad en CaixaBank, Miguel Ángel Fernández Rancaño, y al exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño.

A Villarejo le atribuye un presunto delito de cohecho pasivo y de revelación de secretos, a Araujo, Rancaño y Girona de cohecho activo, y a García Castaño y Redondo de revelación de secretos.

Todos ellos habían sido imputados en la pieza separada del caso Villarejo sobre el denominado «proyecto Wine», desarrollado entre 2011 y 2012, el cual gira en torno a los trabajos encargados a Cenyt para investigar al expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, por su relación con Petróleos Mexicanos (Pemex) de cara a hacerse con el control de Repsol.

Por lo que respecta a Brufau y Fainé, tras las diligencias practicadas, García Castellón concluye que «efectivamente, no consta en la causa, más allá de las declaraciones prestadas, documento o grabación que acredita, al menos indiciariamente, la participación de ambos en la contratación de Cenyt».

En el ordenamiento jurídico español «no cabe la responsabilidad objetiva por razón del cargo», por lo que «no es posible mantener la imputación de los máximos responsables de las compañías por el mero hecho del cargo que ostentan, en ausencia de indicio sólido de su participación», añade.

No se trata de una «decisión prematura», explica el juez, que recuerda que «no quedan diligencias necesarias o útiles que practicar respecto de la participación de Brufau o Fainé en los hechos investigados».

García Castellón esgrime el mismo argumento en relación con el resto de directivos exonerados, sobre los que no se ha podido «corroborar» que participaran en los hechos.

En su auto, el juez destaca que, a la vista de la documentación aportada, CaixaBank «ha sido capaz de acreditar que, en el momento de los hechos investigados, contaba con un modelo de organización y gestión para la prevención de delitos que cumplía en la fecha de los hechos investigados con los requisitos esenciales de un modelo de prevención penal corporativo, de conformidad con el tenor del artículo 31 bis del Código Penal en vigor en dichas fechas».

Asimismo, indica que Repsol «ha sido capaz de acreditar que, en el momento de los hechos investigados, contaba con un modelo de prevención penal adecuado y con controles eficaces para la prevención de los delitos investigados».

No hay «indicios ni sospechas», reitera el juez, de que la orden de contratar a Cenyt fuese conocida por la presidencia de Repsol, ni de que el presidente fuese informado de sus resultados; tampoco, de que tuviera participación en el pago del proveedor, que fue realizado por Rafael Araujo.

El pasado miércoles, Araujo declaró a petición propia ante el magistrado, al que asumió toda la responsabilidad por la contratación de Cenyt y al que aseguró que jamas había hablado con el presidente de Repsol sobre el asunto. 

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