El juez pide las comunicaciones entre el exCEO de DIA y KPMG

El juez ha ordenado al grupo DIA que le facilite «las comunicaciones existentes» entre su exconsejero delegado Ricardo Currás y KPMG sobre la elaboración de los informes de auditoría de 2017 y 2018, en el proceso que investiga la existencia de irregularidades en sus cuentas.

Así figura en una providencia a la que ha tenido acceso este lunes Efe, en la que el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal responde a una petición elevada por la Plataforma de Afectados de DIA, que agrupa a accionistas minoritarios y creada por el despacho de abogados Gesico.

En el documento, el magistrado considera que las comunicaciones entre Currás y KPMG pueden contribuir a «tener mayores elementos de prueba documental y de conocimiento entre las personas investigadas».

Además, ha reclamado a KPMG el listado de trabajadores que participaron en las auditorías de la empresa, los documentos de trabajo utilizados para validar las cuentas anuales -«a fin de comprobar su diligencia y los criterios utilizados»- y «las comunicaciones cruzadas» entre su personal y el de DIA en relación con este trabajo.

El juez también ha aplazado las declaraciones, tanto de testigos como de los investigados, y está previsto que arranquen finalmente el próximo viernes 26.

Currás y su antiguo director financiero Amando Sánchez están llamados a declarar en calidad de querellados el próximo día 30 de junio; inicialmente, se había programado la cita ante el juez para el 1 de abril, pero se suspendió por el coronavirus.

La ronda de citaciones comienza el viernes con Susana Pagés (exdirectora general de la central de compras creada con Eroski: Red Libra), Pilar Tejedo (exdirectora de Control de Gestión) e Isabel Fernández de Córdoba (directora de Auditoría Interna), que acuden como testigos.

El lunes 29 será el turno como testigos de la responsable de Seguridad de la Información de DIA -cuya identidad no se revela-, de María del Mar Cabas (responsable de Administración Comercial en la cadena de supermercados) y de Laura Martínez Monge (directora de proyectos financieros).

Además de Currás y Amando Sánchez, acuden como querellados los antiguos responsables comerciales del grupo Luis Martínez Gallardo y Juan Cubillo, que declararán ante el juez el día 1 de julio.

Un día más tarde lo harán Antonio Arnanz (exdirector financiero) y Carlos Peregrina (responsable por parte de KPMG de auditar la compañía).

Las irregularidades en el seno de la cadena de supermercados se detectaron después de la salida de Currás de la presidencia, en agosto de 2018, y obligaron a reajustar a la baja en 56 millones de euros el patrimonio de la firma.

La Fiscalía acusa al que fuera consejero delegado de la firma entre 2011 y 2018 de urdir un plan para maquillar las cuentas del grupo de supermercados a través de «prácticas contables irregulares».

El informe forense de EY, al que ha tenido acceso Efe y que analiza al detalle lo ocurrido -entremezclando datos financieros con el relato de los protagonistas-, considera a Currás como el «cerebro» de todo el operativo y concluye que lo hizo a espaldas del consejo de administración y del propio auditor, KPMG.