La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha rechazado este jueves que el nombramiento del expresidente de su partido Andoni Ortuzar como miembro del consejo de administración de Movistar Plus, una de las principales filiales de la multinacional española Telefónica, responda a un caso de ‘puerta giratoria’ y ha planteado «en qué puede trabajar una persona después de haberse dedicado a la vida política». Ortuzar, como líder de los nacionalistas vascos, fue el que negocio los acuerdos de investidura con Sánchez, tras perder el líder del PSOE las elecciones generales de 2023.
«Siempre hay gente que critica todo y se habla mucho de puertas giratorias y yo tengo que preguntar: ¿a ver en qué puede trabajar una persona después de haberse dedicado a la vida política? Esta es una pregunta que también tenemos que contestar, pero siendo conscientes de lo que estamos pidiendo», ha dicho Vaquero en declaraciones en el Congreso.
Telefónica, que está negociando un ERE para unos 5.000 trabajadores, ha incorporado a Andoni Ortuzar, que fue presidente del PNV entre 2013 y marzo de 2025, como miembro del consejo de administración de Movistar Plus, la división audiovisual del grupo.
Según Telefónica, con el nombramiento del expresidente del PNV, persigue «reforzar la interlocución pública, la relación institucional y la lectura estratégica del entorno regulatorio audiovisual»
Con este nombramiento, la compañía busca reforzar la interlocución pública, la relación institucional y la lectura estratégica del entorno regulatorio audiovisual, según la empresa, que ha subrayado la experiencia en periodismo, comunicación pública y gestión institucional del expresidente del PNV, que fue director de la televisión pública vasca EiTB.
En la actualidad, Ortuzar trabaja como asesor externo de la firma internacional de auditoría PwC, colaborando en asuntos públicos y de comunicación.
Tradicionalmente, los partidos políticos, principalmente el PP y el PSOE, se han mostrado reacios a restringir el fenómeno de la «puerta giratoria», por la que los altos cargos se incorporan a empresas privadas obteniendo beneficio de su anterior ocupación.
Su principal argumento es que una ampliación de los conflictos de intereses supondría la «muerte civil» incluso «económica» de las personas que se han dedicado a la política durante una etapa de su vida.
