Las organizaciones que agrupan a las principales cadenas de supermercados -Asedas, ACES y Anged- y los representantes de la industria y fabricantes -Aecoc y FIAB- abogan por medidas como las adoptadas en Francia, Italia y Portugal, que incluyen la reducción de las tasas sobre los combustibles y otras exenciones fiscales. 
El sector del gran consumo urge al Gobierno a garantizar el libre tránsito de mercancías
Raquel Sánchez, ministra de Transportes, e Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno.

El sector del gran consumo urge al Gobierno a garantizar el libre tránsito de mercancías

17 marzo, 2022
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Actualizado: 17 marzo, 2022 0:26
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Las asociaciones empresariales que representan a la cadena de valor del gran consumo -industria y distribución- han solicitado formalmente al Gobierno su colaboración urgente para asegurar el buen funcionamiento de la cadena y la garantía de la libre circulación de mercancías.

En un comunicado conjunto, las organizaciones que agrupan a las principales cadenas de supermercados -Asedas, ACES y Anged- y los representantes de la industria y fabricantes -Aecoc y FIAB- han reclamado la acción del Gobierno, ante «el recrudecimiento de las acciones destinadas a impedir que el transporte de mercancías por carretera pueda ofrecer sus servicios».

Estas organizaciones han hecho un llamamiento a la responsabilidad de los convocantes de la huelga para no alentar los actos vandálicos que se están produciendo y evitar hacer pagar a los ciudadanos «los problemas que la sociedad en su conjunto ya está sufriendo y que son consecuencia del actual contexto inflacionista y el complejo escenario internacional».

Tras recordar que este paro del transporte ha sido convocado por una organización muy minoritaria y que no cuenta ni con el apoyo del Comité Nacional del Transporte por Carretera ni de los sindicatos mayoritarios, han resaltado la actuación cada vez más beligerante de los convocantes.

En ese sentido, han mencionado bloqueos en puertos, lonjas, mercados mayoristas y centros logísticos que «están empezando a ocasionar importantes problemas para las empresas del sector», como la falta de suministro en fábricas o dificultad para abastecer los puntos de venta.

La cadena de valor del sector ha asegurado que «intenta por todos los medios» paliar esta realidad que, a su juicio, se está produciendo por el recrudecimiento de las acciones de «una minoría de transportistas que impide que la mayoría de los profesionales y empresas del transporte puedan realizar libremente su trabajo».

Ante esta situación, han trasladado su firme compromiso con el abastecimiento de productos esenciales, para lo que han solicitado al Gobierno que «adopte con urgencia las medidas necesarias para garantizar la libre circulación de mercancías».

Han reclamado al Ministerio del Interior la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para frenar los actos vandálicos y las coacciones que están sufriendo empresas y profesionales para poder ejercer su derecho al trabajo. 

«No es el momento de paralizar el país sino de trabajar juntos, desde el diálogo y la colaboración, en la búsqueda de soluciones», han advertido.

Finalmente, estas empresas han reconocido que comparten las consecuencias del actual escenario inflacionista y, por ello, ya habían pedido al Gobierno un plan especial de ayuda para mitigar los efectos de la escalada de costes sobre el transporte de mercancías por carretera.

Han abogado por medidas como las adoptadas en Francia, Italia y Portugal, que incluyen la reducción de las tasas sobre los combustibles y otras exenciones fiscales. 

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