El Tribunal Supremo ha admitido en parte el recurso de ACS contra la condena impuesta en marzo de 2024 por la Audiencia Provincial de Madrid por competencia desleal contra Iberdrola, por la difusión de información «denigrante» sobre la relación de la eléctrica con el excomisario José Manuel Villarejo.
En un auto fechado el pasado 9 de septiembre al que ha tenido acceso Efe, la sala de lo civil estima parte de los argumentos de ACs y desestima otros. En concreto, ve interés casacional respecto a la interpretación del párrafo primero del art. 9 de la ley de competencia desleal, «sin perjuicio de lo que pueda acordarse en la sentencia».
La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán demandó a ACS por haber «denigrado» a la eléctrica para «menoscabar su crédito en el mercado», a raíz de su implicación en el caso que investiga los negocios del excomisario Villarejo.
ACS y la reclamación de 2.600 millones a Iberdrola
Los hechos se remontan al 22 de febrero de 2021, cuando el diario El Confidencial publicó una noticia titulada «Florentino Pérez prepara una demanda de 2.600 millones contra Iberdrola por Villarejo», cifra que según ese medio se correspondía con el daño causado por el presidente de Iberdrola por impedir que la constructora hubiese podido tener representación en el consejo de la eléctrica.
Según la Audiencia Provincial, el contenido de la noticia difundida «era plenamente pertinente y relevante para alterar la opinión de mercado sobre la situación económica y patrimonial de la compañía, ya que es un hecho notorio que los inversores tratan de adelantarse a toda eventualidad de las compañías, por lo que forman criterio a partir de noticias como la indicada, por lo que su filtración se erige en un abuso de mercado».
Aunque no cuantificaba el perjuicio y se reservaba expresamente poder hacerlo en el futuro, Iberdrola entendía en su demanda que «el daño a su imagen, credibilidad y reputación corporativa genera un perjuicio que, lejos de ser abstracto, es inmediato y duradero», ya que afecta a la marca como «expresión de su prestigio y reputación».
El conflicto entre ambas se remonta al año 2012, cuando la Audiencia Provincial de Vizcaya rechazó un recurso de ACS contra una sentencia que avalaba la decisión de Iberdrola de impedir el acceso de la constructora a su consejo de administración, al entender que ambas son «directa y efectivamente competidoras» en áreas concretas.
