El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a tres años y medio de prisión y a seis años y medio de inhabilitación para el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la concesión arbitraria de un préstamo de 100.000 euros a Aceitunas Tatis en 2009, año en el que José Antonio Griñán, pendiente de un indulto del Gobierno para no ingresar en la cárcel por el caso de los ERE, relevó en el cargo a Manuel Chaves, otro de los muchos militantes del PSOE condenados por mayor fraude económico de un partido político en democracia. Tomás Pérez-Sauquillo, además, ya fue condenado a otros dos años de prisión en 2021 por subirse de forma arbitraria su sueldo.
Asimismo, el tribunal ha confirmado la pena de 2 años de prisión e inhabilitación absoluta durante 3 años y medio impuesta a la administradora única de la citada empresa, Gracia Rodríguez Cortés, como inductora de los dos delitos, ha informado el TSJA en un comunicado.
De esta forma, la Sala de lo Penal del alto tribunal desestima los recursos de casación interpuestos por los dos condenados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, que, además, les impuso el pago de una indemnización conjunta y solidariamente, en concepto de responsabilidad civil, de 108.732,22 euros a la sociedad Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía Invercaria, dependiente de la Junta de Andalucía.
Los hechos probados recogen que Aceitunas Tatis se encontraba en 2009 en mala situación económica y financiera con pocas perspectivas de evolución y fue declarada en concurso voluntario por un juzgado Mercantil de Jaén en 2010 y en 2012 se procedió al archivo del procedimiento concursal.
A través de su administradora, solicitó una ayuda económica a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), que le concedió un aval de 80.000 euros, que no pudo ser formalizado y la entidad renunció al mismo.
Al no obtener financiación en otras entidades de crédito, pese al aval que alegaba tener, según los hechos probados, la administradora general acudió a Invercaria para informarse sobre la posibilidad de financiación y contactó con Pérez-Sauquillo, que era presidente y consejero delegado de la sociedad, y «sin entregar documentación alguna, le fue concedido, por decisión del condenado, 100.000 euros, sin petición formal expresa, ni análisis técnico-financiero, y sin adoptar los trámites y estudios previos procedentes».
Por su condición de presidente y consejero delegado, Pérez Sauquillo, que tenía la consideración de funcionario público y siendo de su exclusiva competencia la concesión del préstamo, “decidió dar un préstamo a Aceitunas Tatis, sin comprobar mínimamente ex ante su situación económica y contable, la viabilidad para acometer un proyecto».
Como consecuencia de ello, concluye el tribunal, “se ocasionó un perjuicio para las arcas públicas, pues como era de esperar, el préstamo no fue restituido, ni el principal ni los intereses, habiendo ocasionado un perjuicio al erario público que asciende a 100.000 euros de principal y 8.732,22 euros de intereses”.
