El Tribunal Supremo ha ratificado la validez del expediente de regulación de empleo (ERE) llevado a cabo en otoño de 2024 en MasOrange, fusión de las compañías MásMóvil y Orange, que obtuvo el respaldo de los sindicatos UGT y Fetico y al que se opusieron USO y CCOO.
En una sentencia fechada el pasado 24 de abril a la que ha tenido acceso EFE, la sala de lo social rechaza el recurso de CCOO contra un fallo de marzo de 2025 de la Audiencia Nacional, que entonces avaló el proceso.
La Audiencia consideró el expediente de regulación de empleo correcto y ajustado a derecho, al contar con el acuerdo del 61 % de la comisión negociadora.
USO y CCOO recurrieron el ERE alegando que las trece mercantiles que figuran en la demanda, entre las que figuran las seis que resultaron afectadas por el despido colectivo -Orange Espagne (OSP), OsFI, R-Telecable, Euskaltel, Lorca, y Xfera Móviles-, no formaban un grupo de empresas a efectos laborales.
El Tribunal Supremo descarta que hubiera mala fe en MasOrange
Sin embargo, la Audiencia Nacional consideró que sí se trata de un grupo de empresas con una dirección común, organización de la prestación de servicios con carácter unitario, aplicación de políticas conjuntas en distintos ámbitos, contabilidad centralizada en la presentación de cuentas consolidadas y organización de la actividad siguiendo patrones comunes para las trece sociedades.
También descartaron que hubiera «mala fe» en la negociación, como alegaban los sindicatos, y destacaban que el hecho de que se ampliara el periodo de adscripciones voluntarias representa “precisamente y a nuestro juicio todo lo contrario».
Se aplicaron «ventajosas condiciones indemnizatorias para los trabajadores afectados, muy alejadas de la indemnización básica estipulada para el despido por causas objetivas de veinte días por año de servicio», indica la sentencia.
Existían causas económicas que justificaban el despido colectivo, dados los resultados económicos negativos con pérdidas superiores a los 400 millones de euros en 2021, que afecta a las seis empresas en las que se acordaron las bajas.
En concreto, respecto al último año, 2024, el informe técnico cifraba las pérdidas en más de 400 millones a fecha de 30 de junio y hacía una previsión de 583 millones de euros de pérdidas a finales de ese año.
