Elke Köning, obligada a detallar el informe de Deloitte sobre Banco Popular

Más de un año después y con la falta de transparencia y opacidad en la Junta Única de Resolución, JUR, en la resolución de Banco Popular se darán a conocer parte de la información considerada hasta ahora confidencial. Entre otras cifras, se facilitarán las cifras de Deloitte, hasta ahora ocultas, así como las salidas de depósitos entre mayo y junio de 2017.

La JUR hizo perder toda su inversión a los accionistas y bonistas de Banco Popular en la noche del 6 al 7 de junio de 2017. Desde entonces se ha tratado de ocultar a todos los organismos, ex accionistas, ex bonistas y jueces toda la información contenida en el informe provisional de Deloitte, que según el presidente de la consultora en España no fue imprescindible para resolver Banco Popular.

La JUR tendrá que hacer público toda la información referente a las valoraciones de Deloitte antes de resolver la entidad financiera, así como detallar las salidas de depósitos de la entidad presidida entonces por Emilio Saracho, aunque tanto las valoraciones de Deloitte como las salidas de capital ya han sido filtradas. Así, se ha conocido que empresas dependientes de Fomento y organismos públicos sacaron su dinero de Banco Popular pocos días antes de conocerse la drástica decisión.

Según el panel de la JUR, estas cifras son importantes para que los afectados por la reducción a cero de las acciones del banco tengan la «oportunidad razonable» de impugnar o no la operación. De hecho, las defensas han exigido a los jueces del TJUE, Nueva York y de la Audiencia Nacional exigir a la JUR que facilite el informe de Deloitte, que es provisional y no oficial. Hasta ahora, solo han visto a la luz dos valoraciones de Banco Popular, una de hasta -2.000 millones y otra de -8.000 millones, pero habría una tercera que indicaría que Banco Popular valía 1.500 millones de euros. En total, la resolución de Banco Popular ha dado pie a 259 recursos judiciales.

La divulgación no puede causar ya daño comercial alguno un año después

Además, se darán a conocer las memorias del Popular en relación a los procesos privados de venta que barajaron para salvarse. Es decir, la oferta de Allianz, que habría puesto encima de la mesa 2.000 millones para realizar una ampliación de capital. Asimismo, «sensibles para fines comerciales», su divulgación no puede causar daño alguno después de un año, según explican fuentes jurídicas a Efe.

También el plan de resolución correspondiente a 2016 y del que ya se conocieron algunas partes el pasado febrero, así como los informes de pasivos y funciones críticas de 2017 que solicitaron los recurrentes, representados, entre otros, por el despacho de abogados B. Cremades y Asociados.

Las fuentes consultadas explican que si bien esta decisión obliga al organismo que preside Elke König a remitir la documentación, este trámite podría tardar semanas, como sucediera con la dictada por el panel de recursos el pasado 28 de noviembre. En aquella ocasión, el órgano ordenó la publicación de versiones no confidenciales sobre el contenido del expediente que no se conocerían hasta meses después, en febrero.

Fruto de ello, salieron a la luz partes del informe de valoración del Popular realizado por Deloitte, en el que la consultora cifraba el agujero de la entidad en entre 11.800 millones de euros en el mejor escenario y 20.600 millones en el peor, antes de la resolución y venta al Santander.