Endesa y Gas Natural renuncian a Barcelona por la cláusula de la pobreza energética

Endesa y Gas Natural renuncian a Barcelona por la cláusula de la pobreza energética

13 febrero, 2017
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Actualizado: 13 febrero, 2017 21:09
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Ni Endesa ni Gas Natural quiere asumir la cláusula sobre probreza energética de la Generalitat por eso han renunciado al contrato de luz del Ayuntamiento de Barcelona.Endesa y Gas Natural han renunciado a presentarse al nuevo contrato municipal de suministro eléctrico del Ayuntamiento de Barcelona por discrepar con la cláusula del mismo relacionada con la pobreza energética.
Tal como ha avanzado esta tarde El Periódico, ambas compañías han presentado un recurso ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, dependiente de la Generalitat, para que verifique la adecuación a la ley de las plicas del concurso.
Según fuentes de ambas compañías, el Ayuntamiento de Barcelona establecía la obligación de que las compañías ganadoras del contrato debían firmar, en un plazo de seis meses, un convenio de pobreza energética con el Ayuntamiento.
Fuentes de Endesa, la compañía titular hasta ahora de ese contrato, y de Gas Natural, han asegurado que no se han presentado al concurso al desconocer las implicaciones exactas de dicha cláusula, porque ello supondría suscribir un compromiso «a ciegas».

Al contrato del Ayuntamiento de Barcelona, dirigido por Ada Colau, sólo se han presentado pequeñas comercializadoras, pese a que esta valorado en 62,5 millones de euros anuales

Fuentes del Ayuntamiento han confirmado que ambas compañías no se han presentado al contrato, valorado en 65,2 millones de euros, repartidos en tres lotes, sino que solo han acudido al contrato comercializadoras de pequeño o mediano tamaño.
Estas fuentes han añadido que la cláusula obligaba a las eléctricas a firmar un convenio de «corresponsabilidad» en pobreza energética que permitiría sancionarlas en caso de incumplir la ley catalana sobre la materia.
Este nuevo contrato, para el alumbrado de las calles y para el suministro eléctrico de los edificios municipales, debe entrar en vigor el 25 de marzo, tiene una duración de un año, prorrogable a otro, y es el último que se adjudica a una comercializadora privada, ya que el Ayuntamiento aspira a crear una comercializadora de energía pública.

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