Endesa, Iberdrola y el resto de eléctricas, ante el riesgo de devolver 3.000 millones

Endesa, Iberdrola y el resto de eléctricas, ante el riesgo de devolver 3.000 millones

26 junio, 2017
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Actualizado: 26 junio, 2017 13:32
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Las compañías eléctricas, como Endesa e Iberdrola, han ingresado más de 3.000 millones de euros entre 2011 y 2015 por el pago del Gobierno a la capacidad de las centrales.

Ahora, estas compañías podrían tener que devolver estas ayudas, denunciadas ante Bruselas por el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) por considerarlas ilegales.

La denuncia se ha interpuesto ante la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea por considerar ilegales los pagos por capacidad que reciben en España las centrales eléctricas. Estas dos organizaciones han afirmado que de prosperar esta denuncia contra dos de los pagos por capacidad -el que se da como incentivo a la inversión y el correspondiente al que perciben por estar a disposición del sistema en caso necesario-, las compañías eléctricas tendrían que devolver más de 3.000 millones de euros correspondientes al periodo 2011-2015.

El abogado de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético afirma que estas ayudas, recibidas principalmente por las centrales de gas o carbón desde 1997 para que sigan funcionando «en un contexto de sobrecapacidad» del sistema eléctrico español, son «ilegales».

Según las organizaciones denunciantes, en la actualidad estas ayudas suponen en torno a 700 millones de euros anuales que pagan los consumidores en la factura eléctrica y que aprueba el Estado para garantizar el suministro, a fin de que exista una generación de respaldo en caso de que otras fuentes de energía, entre ellas las renovables, no puedan generar la suficiente energía por circunstancias meteorológicas.

Las energías renovables no pueden por ley solicitar esas ayudas, según IIDMA y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que consideran que esto beneficia a las tecnologías «más contaminantes». Añaden que los pagos por capacidad en España son los más altos «en comparación con el entorno europeo» y que «no está justificada esta intervención del Estado para cubrir la demanda en el mercado eléctrico».

Según la directora de IIDMA, Ana Barreira, «los pagos por capacidad violan el derecho de la UE relativo a las ayudas de Estado» y añade que no hay constancia de que España las notificara a la CE, cuando estaba obligada a ello, al tiempo que ha señalado que «no hay justificación alguna» para que los consumidores paguen los sobrecostes por los pagos por capacidad en la factura eléctrica.

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