Endesa mantiene el pulso con Nadal y prevé cerrar las centrales de Compostilla y Andorra

Endesa, controlada en un 70% por Enel, mantiene la batalla abierta con el Ministerio de Energía, dirigido por Álvaro Nadal, para tratar de cerrar las centrales de Compostilla (León) y Andorra (Teruel), ya que, a su juicio, no son viables económicamente.

Estas dos centrales térmicas usan carbón y tienen una capacidad de 3.000 MW, el 36% del total que tiene Endesa en centrales térmicas, son objeto de batalla entre la eléctrica y el Gobierno. Endesa ha defendido ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV el cierre de estas centrales debido a la insostenibilidad económica de ambas. No obstante, la decisión no corresponde ahora a la eléctrica, sino al Gobierno, que recientemente ha modificado la normativa para incrementar las competencias y decidir en última instancia si se llevará a cabo o no el desmantelamiento.

Endesa, no obstante, lo da por hecho en su programa estratégico, tal y como confirmó Enel el pasado martes en Londres. Sin embargo, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, aboga por el actual sistema energético, basado en un mix entre renovables, hidráulica, carbón y nuclear.

Del total de inversiones que hará Endesa, cifrados por la propia eléctrica en cerca de 5.000 millones, 300 millones se destinarán «a adaptar el carbón a las mejores prácticas medioambientales». En concreto en las centrales de Carboneras (Almería) y As Pontes (A Coruña), que funcionan con carbón de importación, mientras que las de Compostilla y Andorra funcionan con carbón extraído en España. El cierre de estas centrales provocaría el fin de la minería en el país y los sindicatos ya han asegurado que se oponen a la medida.

La cantidad fijada por Endesa coincide exactamente con el mínimo requerido en esas instalaciones para reducir emisiones contaminantes si es que las mismas quieren seguir funcionando más allá de 2020. La eléctrica presidida por Borja Prado busca el cierre o la orden de cierre evitando invertir en las dos centrales térmicas, dejándolas morir. No obstante, el Gobierno podría obligar a mantener abiertas estas centrales, y se ha abierto la puerta al pago de una compensación para continuar en funcionamiento.

Endesa ya ha pedido el permiso para acometer estas inversiones en Litoral y As Pontes, fundamentalmente en procesos de digitalización de ambas centrales. Pero no lo ha hecho con Compostilla y Andorra.

En caso de que el Gobierno deniegue la solicitud de cierre, la eléctrica deberá mantenerla o bien venderla. En caso de que ninguna de las dos satisfaga las necesidades, se llegará incluso a pagar por mantenerlas mediante una compensación.

Asimismo, Iberdrola, presidida por Ignacio Sánchez Galán, ha anunciado también el cierre de las centrales térmicas de Lada y Velilla. Sánchez Galán aseguraba que el Gobierno no iba a poner ninguna “dificultad” a su plan, esperando el permiso del Ejecutivo, que respondió con una negativa y un decreto por el que se ampliaban sus competencias sobre el cierre de centrales eléctricas. En este sentido, será el Ejecutivo quien tenga la última palabra para autorizar o denegar el cierre. El Ministerio dirigido por Nadal envió la documentación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por lo que se abre un nuevo frente entre las eléctricas y el Ejecutivo.

El Ministerio de Energía publica la orden en Boletín Oficial del Estado

La orden que modifica el mecanismo de asignación del servicio de interrumpibilidad y que flexibiliza los parámetros para aplicarlo por criterios económicos y de precio se ha publicado en el BOE. Con ello, la interrumpibilidad, un incentivo que reciben las empresas que están dispuestas a que se les corte el suministro eléctrico en caso de necesidad, podrá ser utilizada no sólo como mecanismo de ajuste del sistema cuando falta potencia, sino también como herramienta para ajustar la oferta y demanda en lugar de la potencia terciaria, cuando la energía procedente de la interrumpibilidad tenga un precio más barato que esta última.

En la disposición adicional primera de la orden, se explica que la aplicación del servicio de interrumpibilidad por criterios económicos se realizará para cantidades mínimas de 200 megavatios MWh y máximas de 500 MWh.

Cuando se active el servicio de interrumpibilidad por este criterio, entre los adjudicatarios del servicio se establecerá un sistema de turnos rotatorios para requerir su activación.

La activación del servicio de interrumpibilidad por criterios económicos no podrá suponer más del 50 % de las horas del periodo de entrega máximas de ejecución, que ya recogía la orden del año 2013 que ahora se modifica.

El Ministerio de Energía explica en su orden, que entrará en vigor el 1 de enero de 2018, que con su modificación también pretende que el servicio de interrumpibilidad tenga una mayor eficacia.

En este sentido, introduce modificaciones orientadas a reducir el periodo temporal máximo que puede mediar entre el aviso que el operador del sistema emite a los proveedores del servicio y el inicio de la ejecución de la reducción de potencia puesta a disposición del sistema. También reajusta el precio que sirve de referencia a la retribución variable correspondiente a la prestación efectiva del servicio.

Además, establece que el periodo de entrega para el procedimiento de subastas que comienza el 1 de enero de 2018 será inferior al que regula con carácter general la norma que ahora se modifica, de forma que irá del 1 de enero al 31 de mayo.

No obstante, la orden contempla la posibilidad de que posteriormente se celebren otras subastas para adjudicar potencia interrumpible durante 2018. También reduce a seis meses el plazo de aplicación del servicio de disponibilidad (un mecanismo de capacidad para dotar al sistema eléctrico de un margen de cobertura adecuado e incentivar la disponibilidad de potencia gestionable), dado que la Comisión Europea (CE) prepara una reforma de los mecanismos de capacidad y habrá que adaptarlos a esa nueva normativa.

La orden excluye temporalmente de la aplicación del servicio de disponibilidad a las instalaciones de generación hidráulicas, debido a la actual escasez de las reservas hidráulicas y la ausencia de precipitaciones, lo que impide que sean fiables y predecibles.

Además, los proveedores que con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva orden hayan sido habilitados para participar en el procedimiento de subastas para el periodo de entrega que comienza el 1 de enero podrán renunciar en un plazo de cinco días a todos o a alguno de los bloques de 5 megavatios (MW) para los que hayan sido habilitados.