España alega ‘inmunidad soberana’ para eludir el pago de 120 millones por la renovables

España ha alegado «inmunidad soberana» al pedir este miércoles al Tribunal Superior británico que anule el registro de un laudo arbitral que le obliga a pagar 120 millones de euros a un grupo de inversores que resultó perjudicado cuando redujo en 2013 unos incentivos de 2007 para el desarrollo de energías renovables.

En representación del Gobierno de España, el abogado Tariq Baloch adujo ante el juez Peter Fraser, de la sala comercial del Superior , que esa orden de registro aprobada por la misma corte en junio de 2021 no es válida, dado que el Estado español «es inmune» a un procesamiento ante la Justicia inglesa.

El grupo Antin de inversores, que en 2011 financió la planta solar Andasol de Granada, sostiene que España renunció a su inmunidad estatal al firmar el convenio internacional de arbitraje del CIADI de 1966 y el Tratado de la carta de la energía (TCE) de 1994 -que regula las relaciones entre las partes contratantes en el sector energético-.

Fue precisamente el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), institución dependiente del Banco Mundial, el que en 2018 emitió el laudo que impone a España el pago de 101 millones de euros (120 millones con los intereses) a los fondos luxemburgués Infrastructure Services Luxembourg y neerlandés Energia Termosolar -antes Antin Infrastructure Services Luxembourg y Antin Energia Termosolar- por los daños sufridos por la revocación retroactiva en 2013 de esas primas a las renovables.

España, que ha tratado sin éxito de anular esa decisión arbitral, alega en el juicio en Londres que ni su adhesión al CIADI ni al TCE, del que en 2022 anunció que piensa retirarse, significa que «haya renunciado a su inmunidad» en las jurisdicciones del resto de Estados miembros, lo que disputan los demandantes.

Baloch agregó que, en base a jurisprudencia posterior de la Unión Europea (UE), el artículo 26 del TCE, que regula el arbitraje de disputas, «no se aplica a reclamaciones contra nacionales de otros Estados miembros de la UE», como lo son estos litigantes.

Antin rechaza esta interpretación. En sus argumentos, que detallará en próximas sesiones, afirma que «la solicitud de España busca incumplir sus obligaciones derivadas de dos tratados multilaterales internacionales».

«Si se considera que España tiene razón, eso socavaría fundamentalmente todo el sistema de derechos de los inversores y su protección, no sólo bajo el TCE, sino también bajo el Convenio» del CIADI, afirma en sus documentos presentados al tribunal.

El grupo de inversores registró el laudo ante la Justicia británica como primer paso para tratar de forzar al Gobierno español a pagar su deuda, bien voluntariamente o mediante la confiscación de sus bienes en Inglaterra.

En este sentido, en un proceso paralelo, Antin ha obtenido una orden judicial provisional que, si eventualmente se confirma dependiendo de cómo avance el caso, obligaría a la aseguradora marítima London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association a abonarle 120 millones de euros de los 855 millones que debe a España de un pleito separado sobre el vertido del Prestige en 2002.

En caso de que su argumento de inmunidad soberana falle, el Gobierno español aduce también en el juicio londinense que los demandantes incumplieron sus obligaciones procesales al «no divulgar toda la información» disponible cuando solicitaron el registro del laudo arbitral.

Tras su reforma del sistema de primas a la energía renovable, España ha afrontado 51 arbitrajes en varios países por esta causa, con reclamaciones por unos 10.000 millones de euros y 28 laudos dictados, de los cuales hasta ahora ninguno se ha ejecutado.

Según fuentes del Gobierno español, España se resiste a realizar los pagos porque cree que «pueden ser contrarios al derecho de la UE y constituir una Ayuda de Estado ilegal».

El resultado del juicio en Londres, que proseguirá hasta el lunes -aunque no se espera un dictamen inmediato-, puede sentar un precedente para otros demandantes.