España evita, de momento, pagar 7.566 millones por los recortes de las primas a las renovables

España evita, de momento, pagar 7.566 millones por los recortes de las primas a las renovables

17 enero, 2018
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Actualizado: 17 enero, 2018 8:32
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El recorte de las primas a las renovables realizado por el Gobierno de Mariano Rajoy provocó una avalancha de recursos ante los tribunales de arbitraje. En total, se concentraron 34 demandas por un importe total de 7.566 millones de euros.
Todas estas demandas fueron interpuestas por los inversores extranjeros, ya que los españoles no tenían derecho. Asimismo, exigieron el pago de la prima y los intereses de demora legalmente establecidos por los perjuicios causados por este recorte en las primas a a las renovables. El mayor demandante, PB Investors, que engloba varias empresas energéticas, escogió el tribunal de arbitraje de la ONU, el Uncitral, para reclamar el pago de 1.900 millones. El fondo CSP Equity Investment presentó su demanda ante la Cámara de Comercio de Suecia para pedir la restitución de 840 millones. Portigon, el antiguo banco público alemán WestLB, acudió al Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, que le dio la razón en parte y obligaba a España a abonar 128 millones de euros junto con los intereses debido a los efectos causados a tres plantas termosolares promovidas por el fondo británico Eiser Infrastructure.
En 2014, dos años después de llegar al poder, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un cambio en su propia reforma eléctrica y notificó oficialmente a Bruselas que estas primas a las renovables eran ayudas de Estado. Un paraguas para evitar tener que abonar los 7.566 millones de euros a fondos extranjeros. Bruselas ha publicado su dictamen y rechaza todas las demandas de los inversores ya que no pueden defender en ningún caso las ayudas de Estado.
De momento, los fondos han obtenido una importante victoria, liderada por Eiser Infraestructure. El tribunal de arbitraje del Banco Mundial le dio en parte la razón y obligaba a España a pagar 128 millones de euros, menos de la mitad de los casi 300 millones que exigía.
No obstante, Margrethe Vestager, comisaria de Competencia, ha dado ahora la razón a España, país como cualquier otro que puede poner fin a estas subvenciones y ayudas cuando lo estime. Asimismo, ha afirmado que los inversores no pueden exigir estas compensaciones porque el régimen español no fue notificado a la Comisión Europea, por tanto debían saber que era ilegal. Sin embargo, el régimen de las primas a las renovables contó con el visto bueno de Bruselas, es decir, que dio validez a estas primas que ahora son consideradas ayudas de Estado.
La comisaria de Competencia ha indicado a España que no podrá pagar indemnización alguna por los efectos de este recorte de las renovables, incluso si los tribunales de arbitraje dan la razón a los inversores. De esta forma, España podrá pagar un máximo de 6.000 millones de euros al año, pero cualquier montante que supere esta cifra tendrá que contar con el visto bueno de Bruselas, según recoge Cinco Días.
De esta forma, Eiser Infraestructure, que cuenta con el laudo del Ciadi, no podría recibir esos 128 millones a los que tendría derecho si se ejecutara el laudo. El Gobierno, por su parte, ha recurrido esta decisión del organismo dependiente del Banco Mundial, que ha aceptado a trámite el recurso. Según Bruselas, el pago de estos 128 millones constituiría una nueva ayuda de Estado, al tiempo que ha pedido paralizar cualquier pago. No obstante, independientemente de lo que decida el Ciadi, Bruselas tendrá la última palabra, aunque el caso podría llevarse directamente ante el Tribunal de Justicia de la UE, cuyas sentencias son de obligado cumplimiento.
El Gobierno, por ahora, ha obtenido una importante victoria, más cuando son los consumidores del sector eléctrico quienes afrontarían el pago de estas indemnizaciones a través de la factura. De hecho, el sistema eléctrico ha generado un superávit de 1.000 millones, un dinero que iría a parar al pago de estas indemnizaciones. Para Bruselas, sin embargo, “España no ha violado los principios de seguridad legal y expectativas legítimas bajo el derecho de la Unión”.
 

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