España ha procedido al abono de algo más de 36 millones de euros a la empresa japonesa de ingeniería con sede en Yokohama JGC por los daños que le causó el recorte de las primas a las renovables, una primas que puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 que aseguran una rentabilidad del 7% simplemente por instalación, sin necesidad de producción, y que que derogó en 2013 Mariano Rajoy al poner en riesgo la viabilidad del sistema eléctrico español.
España tiene abiertos numerosos litigios en relación con los inumerables laudos internacionales derivados del recorte retroactivo a las primas renovables.
Se trata de las consecuencias de unas insostenibles primas a la renovables concedidas por Zapatero en el año 2007 recogidas en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, que garantizaba una rentabilidad fija del 7%. Como era de esperar los fondos de inversión y la industria se lanzó a instalar renovables sin ningún sentido y en total, entre el 2007 y el 2012 se instalaron en España 19.000 MW de renovables, que situó al país como referente internacional en el sector, aunque con un problema muy serio de sostenibilidad económica que hacía inviable el sistema eléctrico español y que disparó la factura eléctrica de hogares y empresas azotados ya por la grave crisis financiera en la que estaba inmersa España tras el paso del líder socialista por Moncloa.
Por esta, y otras tropelías que dejaron a España al borde de la intervención de la Comisión Europea. con un paro del 30%, con cientos de miles de ciudadanos perdiendo sus viviendas y empresarios sus negocios, el líder socialista, ahora apoyo incondicional de Sánchez pregonando por el mundo al gran régimen de Maduro, perdió las elecciones de 2011 frente a una abrumadora mayoría absoluta del PP.
Rajoy puso fin al derroche de Zapatero con las renovables en 2013
Rajoy decidió acabar con el pozo sin fondo de esas primas a las renovables y la normativa española cambió, lo que que supuso un recorte a la retribución del 7% que recibían estas instalaciones durante su vida útil cuando los tipos de interés del BCE estaban al 0,25%.
Ello desembocó en una oleada de peticiones de arbitrajes de inversores ante diferentes organismos internacionales, el principal el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial.
En este caso, JGC solicitaba una compensación de 23,51 millones de euros, además de los intereses de demora derivados de cualquier retraso en el pago y el reembolso de los costos legales del proceso, por dos plantas termosolares ubicadas en Andalucía.
Transición Ecológica responde
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han señalado a EFE que España ya ha conseguido reducir en un 85 % el importe demandado por los inversores internacionales, 10.635 millones, y «sigue defendiendo» los intereses nacionales en los tribunales.
España afronta la defensa frente a estos minoritarios arbitrajes con todas las estrategias jurídicas a su alcance y agotando todas las vías de defensa, pero con menos argumentos jurídicos, al no poder invocar el derecho de la UE, ya que los conflictos se presentan fuera de su marco, añade la misma fuente.
Asimismo, el departamento que dirige Sara Aagesen aclara que el número de arbitrajes por renovables promovidos por inversores de estados no miembros de la UE contra España sólo representan un 5 % del total.
De acuerdo con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), no tienen cabida en el derecho de la UE, de modo que la satisfacción de los laudos no supone una ayuda de Estado ilegal.
