España, uno de los países donde se destina una mayor proporción de ingresos al pago del recibo de la luz

El Defensor del Pueblo considera que los poderes públicos deberían concebir la energía como un derecho y no como un simple bien de consumo, según se recoge en su informe de 2019, en el que carga contra el elevado precio de la electricidad, uno de los más caros del mundo, y contra el complicado sistema para acceder al bono social.
En el documento, el Defensor del Pueblo subraya que, en materia de energía, ha centrado su actividad en la electricidad por la imposibilidad de su sustitución por otras fuentes y por su «progresivo e injustificable encarecimiento», que ha conducido a que España sea uno de los países donde las personas destinan una mayor proporción de ingresos al pago del recibo de la luz.

En su opinión, es importante que los poderes públicos comiencen a cambiar la percepción de la energía como un mero bien de consumo para conceptualizarla como un derecho, con las consecuencias que ello conlleva en cuanto a las condiciones de su acceso.

En este sentido, subraya que llegan numerosas quejas de personas que se han visto expuestas a un corte de suministro eléctrico o que temen perder el suministro eléctrico por la imposibilidad de hacer frente al pago de las facturas acumuladas.

«El hecho de que estas personas acudan al Defensor del Pueblo, antes incluso de que el problema se materialice, ya es ilustrativo de la vulnerabilidad y la desprotección que sienten», añade.

LOS USUARIOS DOMÉSTICOS DEBEN PODER AJUSTAR SU POTENCIA CONTRATADA VARIAS VECES AL AÑO

Por otra parte, critica la imposibilidad de que los usuarios ajusten su potencia eléctrica contratada a sus necesidades, que pueden ser cambiantes a lo largo del año por las condiciones climatológicas o las condiciones de su vivienda.

Actualmente, sólo se puede realizar cambios con una periodicidad mínima anual, lo que la Secretaría de Estado de Energía achaca a la necesidad de contribuir a los costes fijos del sistema eléctrico, mientras que para el Defensor del Pueblo debería prevalecer el derecho de las personas a adecuar su potencia eléctrica a sus necesidades vitales.

En este sentido, recuerda que los regantes disponen de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses y considera que tal posibilidad debería ofrecerse también a los usuarios domésticos.

SOLICITAR EL BONO SOCIAL, UN COSTOSO PEREGRINAJE

En cuanto al bono social, que ofrece descuentos en la factura de la luz a determinados colectivos, el organismo advierte de que el sistema para solicitarlo supone un «costoso peregrinaje repleto de barreras procedimentales que, en un contexto de insuficiente información a los peticionarios, parece ahondar en la situación de vulnerabilidad de las personas afectadas».