El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a una gran empresa de telecomunicaciones, cuyo nombre no ha desvelado, por presuntas prácticas abusivas efectuadas contra consumidores vulnerables sin consentimiento expreso.
De confirmarse estas prácticas, la compañía podría afrontar sanciones de hasta un 1 millón de euros por cada una de ellas o entre 6 y 8 veces el beneficio ilícito, según ha informado este viernes el MInisterio en una nota de prensa.
El departamento recuerda que el texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios considera abusivas las estipulaciones no negociadas de forma individual o las prácticas no consentidas expresamente que, en contra de la buena fe, causen un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes del contrato en perjuicio del consumidor.
A partir de este sábado, estarán prohibidas en España las llamadas comerciales que no comiencen por 400, según recuerda el Ministerio.
Alquiler Seguro, entre las últimas empresas expedientadas y multadas por Consumo con 3,6 millones de euros
Alquiler Seguro figura como una de las últimas empresas expedientada y sancionada Consumo. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 confirmó el pasado mes de abril de forma definitiva la sanción de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra inquilinos, tras desestimar el recurso presentado por la empresa y agotarse la vía administrativa.
La resolución, firmada por el ministro Pablo Bustinduy, convierte en firme la multa propuesta en diciembre de 2025 y ratifica las conclusiones del expediente sancionador abierto por la Dirección General de Consumo.
El departamento concluye que la inmobiliaria incurrió en seis infracciones muy graves y una grave al vulnerar derechos de los consumidores y “aprovechar su posición de predominio de mercado” .
Entre las conductas sancionadas figuran la “imposición al arrendatario” de costes que corresponden al propietario, como un servicio de atención al inquilino, la contratación obligatoria de un seguro del hogar o cargos por reclamaciones incluso cuando no eran imputables al arrendatario.
Asimismo, se penaliza la inclusión de cláusulas que permitían incorporar a los arrendatarios a ficheros de morosos sin deudas exigibles y la limitación del derecho de desistimiento en determinados contratos.
La sanción se desglosa en varias multas, entre ellas una de un millón de euros y otra de 990.900 euros, además de tres de 500.000 euros, una de 100.001 euros y otra de 10.001 euros.