La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha advertido de que el proyecto de real decreto sobre centros de datos establece requisitos energéticos e hídricos «desproporcionados» y plantea una regulación del acceso a la red eléctrica «discriminatoria» frente a otras actividades con el mismo perfil de consumo.
Así lo recoge un trabajo publicado este miércoles elaborado por Diego Rodríguez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid e investigador asociado de Fedea, que analiza los principales problemas de la propuesta desde la perspectiva de la regulación del acceso a la red y cuya valoración general es «negativa».
El origen de la electricidad consumida por los centros de datos
En el estudio se cuestiona tanto las exigencias sobre el origen de la electricidad consumida como la obligación de cumplir simultáneamente los criterios más estrictos de eficiencia energética e hídrica, que considera de muy difícil justificación.
Según el autor, exigir la máxima calificación en ambos indicadores no se alinea con lo reconocido en el reciente reglamento europeo que desarrolla la etiqueta para centros de datos, por lo que defiende una mayor flexibilidad.
Una de las principales críticas se dirige a la obligación de que, en cada hora, al menos el 80 % del consumo eléctrico esté cubierto por generación renovable procedente de autoconsumo o de contratos a largo plazo con nuevas instalaciones de generación.
Rodríguez considera que esta exigencia obliga a sobredimensionar de forma muy significativa la capacidad renovable contratada y los sistemas de almacenamiento.
A su juicio, es «altamente probable» que el aumento de los costes energéticos derivado de ese sobredimensionamiento neutralice la ventaja comparativa que ofrece actualmente España por la abundancia y competitividad de su generación renovable.
El trabajo también cuestiona la obligación de contratar exclusivamente con instalaciones de generación que hayan entrado en funcionamiento, como máximo, 18 meses antes de la puesta en marcha del centro de datos.
Según el investigador, este requisito no es coherente con la necesidad de encontrar nueva demanda que permita absorber la capacidad renovable instalada en los últimos años.
Elemento de política industrial
Por último, avisa de que este proyecto profundiza en una tendencia a utilizar el acceso a la red eléctrica como elemento de política industrial.
Según explica, esta orientación se refleja en la posibilidad de dar prioridad a proyectos considerados estratégicos, tras la evaluación del nuevo Comité de Inversiones Estratégicas, y en los criterios de los concursos que reparten capacidad de conexión disponible.