El Gobierno, con Calviño a la cabeza, carga contra Ferrovial a la que ‘acusan de no ser española’
El Gobierno presidido por Pedro Sánchez no entiende como una empresa quiere irse del 'paraíso empresarial' que supone España, donde la espiral de subida de impuestos o cotizaciones a la Seguridad Social no cesa y donde insultar y llamar avariciosos y codiciosos a banqueros y empresarios se ha convertido en bandera diaria del Ejecutivo.

El Gobierno, con Calviño a la cabeza, carga contra Ferrovial a la que ‘acusan de no ser española’

El argumentario del Ejecutivo de Pedro Sánchez es calificar de "errónea" la decisión de Ferrovial de trasladar su sede a Países Bajos, porque "se lo debe todo a España".
01 marzo, 2023
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Actualizado: 01 marzo, 2023 23:28
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La vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, ha mantenido esta mañana una conversación con el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, en la que le ha expresado «claramente» su «rechazo» por la «errónea» decisión de trasladar la sede de la empresa a Países Bajos.

Fuentes ministeriales han confirmado que la también ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha llamado por teléfono a Del Pino para conversar sobre la decisión de la empresa de migrar la sede social de la firma de infraestructuras fuera de España.

Las mismas fuentes han explicado que el Gobierno «está pendiente» de conocer los detalles de esta decisión «para analizar y seguir de cerca las posibles implicaciones de esta errónea decisión».

«Ferrovial le debe todo a España», señala la ministra y vicepresidenta Económica

«Se trata de una empresa que debe todo a España», comentan desde Economía, que considera que no es «aceptable» que una compañía que «ha nacido y crecido en España y gracias a la inversión pública de los ciudadanos españoles muestre esta falta de compromiso con su país».

Además, consideran «paradójico» que esta decisión se adopte precisamente en un momento de «importante atracción de inversión extranjera y confianza de los inversores y empresas extranjeras en nuestro país».

En ese sentido, las citadas fuentes recuerdan que España está inmersa en un proceso de inversión pública y de modernización «sin precedentes» en los sectores en que está presente el grupo Ferrovial.

Esta reacción desde el Gobierno tiene lugar un día después de que Ferrovial, coincidiendo con la presentación de sus resultados anuales anunciara el martes que propondrá a sus accionistas trasladar su sede a Países Bajos y empezar a cotizar también en EEUU, donde espera darse conocer y tener así un mayor acceso a capital.

Ferrovial ha insistido en que esta «reestructuración», que se votará en el segundo o tercer trimestre de este mismo año, no afectará a sus planes de inversión en España, un país que permanecerá como «principal fuente de desarrollo de talento».

Fundada a comienzos de la década de los 50 por Rafael del Pino y Moreno, el grupo tiene su sede en Madrid, cuenta con cerca de 63.000 empleados y está presidido por Rafael del Pino Calvo-Sotelo, hijo del fundador y una de las mayores fortunas de España. 

Díaz dice que es una empresa que ha crecido al albur de «enormes contratos con la administración pública»

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido este miércoles que, desde el departamento que dirige la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se tomen las medidas necesarias para evitar que Ferrovial traslade su sede de España a Países Bajos.

«Espero que desde el Ministerio de Economía se adopten las medidas que sean menester para evitar que esto se produzca», ha señalado Díaz en declaraciones a los medios a su salida del encuentro Generación de Oportunidades en Femenino organizado por Europa Press y McKinsey & Company.

Díaz también ha pedido a los accionistas de la empresa «que reconsideren la posición» y ha apuntado que Ferrovial es una empresa que ha crecido al albur de «enormes contratos con la administración pública».

«Le pido compromiso con el país (…) esto no es ser españoles (…) ser español es defender la permanencia en tu país», ha lamentado.

Asimismo, la vicepresidenta segunda ha abogado por acabar con el «dumping» fiscal y los paraísos fiscales en Europa.

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