Florentino Pérez, presidente de ACS: Iberdrola ocultó en EEUU la imputación de su presidente y de varios de sus directivos

El presidente de ACS, Florentino Pérez, ha advertido de que Iberdrola, en el intento de fusión entre su filial estadounidense, Avangrid, y PNM, se negó a admitir «de forma reiterada» que varios directivos, entre ellos su presidente, Ignacio Sánchez Galán, estaban imputados en España por su supuesta relación con el excomisario José Villarejo.

En un escrito de alegaciones dirigido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, Pérez, personado como acusación particular en esta causa, responde a la multinacional, que le llegó a acusar de utilizar su condición de perjudicado para realizar competencia desleal y sabotear operaciones como la de la eléctrica estadounidense PNM.

El pasado diciembre, el regulador del Estado de Nuevo México rechazó por unanimidad la propuesta de Avangrid de hacerse con PNM, una operación con un valor empresarial de unos 8.300 millones de dólares (unos 7.520 millones de euros).

La negativa llegó menos de una semana después de que el titular del juzgado central de Instrucción número 6 pusiera fecha a la declaración de Sánchez Galán como investigado por presuntos delitos de cohecho, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil.

En mitad de este contexto, Iberdrola denunció ante el juez el «claro perjuicio» que se le estaba causando a la compañía, cuya reputación «se va resintiendo» como «se demuestra en las noticias aparecidas en los últimos días sobre las dificultades para formalizar la operación de adquisición de PNM».

La representación legal de la eléctrica aseguró entonces que la fusión se había «visto frustrada como consecuencia del devenir» del caso Villarejo, y reconoció que «cuatro de los cinco comisionados mencionaron expresamente la investigación en España como motivo para rechazarla».

Ahora Pérez insiste en que el daño alegado «no se ha producido por un anormal funcionamiento de la Administración de Justicia española, sino por su normal funcionamiento ante la existencia de indicios racionales de criminalidad en la actuación de Iberdrola y sus ejecutivos de forma continuada durante casi una década».

El presidente de ACS y del Real Madrid sostiene que la compañía «de forma reiterada se niega a admitir ante la Comisión estadounidense que algún directivo o empleado de Iberdrola SA -o alguna filial- haya sido imputado en el procedimiento».

De hecho, continúa, a la hora de referirse a «imputación», Iberdrola «se niega sistemáticamente a utilizar el vocablo ‘charged'», reconocido como traducción oficial al inglés por el Ministerio de Justicia.

IBERDROLA NO COMUNICÓ LOS AUTOS DE IMPUTACIÓN A LA COMISIÓN, DICE PÉREZ

El letrado de Florentino Pérez repasa algunos hitos del caso y cómo Iberdrola procedió respecto a las autoridades estadounidenses.

Así, dice que la compañía no sólo «no remitió entonces a la Comisión» el auto de imputación de Sánchez Galán y otros tres exdirectivos, sino que presentó un escrito en aquel país en el que se afirmaba que la resolución no era una «imputación formal».

Es más, indica, Iberdrola recalcaba que justo un mes antes «el consejo de administración informó al juzgado de que cualquier directivo, miembro del equipo de gestión o empleado estaría disponible para responder a cualquier pregunta sobre este caso».

También se hace eco de la presentación por parte de una ONG de un escrito con noticias de diarios digitales, en el que se solicitaba a las autoridades de Nuevo México que requiriesen a la multinacional española diversos documentos, entre ellos el auto de imputación.

Sin embargo, «Iberdrola contestó vehemente señalando que dichas noticias eran de medios desconocidos y poco fiables que basaban sus informaciones en insinuaciones y no en resoluciones de este juzgado», y que el contenido del auto era «irrelevante».

A tenor de Pérez, que aporta al juez el acceso a la documentación de la Comisión, la respuesta de Iberdrola habría recibido la contrarréplica del árbitro designado por el regulador, que pidió la información «bajo advertencia de que, en caso negativo, se requeriría directamente al juzgado en España».

EL INFORME DEL ÁRBITRO

Mención especial dedica la acusación al informe emitido por el árbitro el pasado 1 de noviembre, que fue adoptado prácticamente en su integridad por la Comisión.

Entre otras conclusiones, argumentaba que el caso Villarejo «genera dudas» pues «la contratación de compañías de seguridad para investigar y acosar a los competidores en el sector eléctrico a lo mejor no es ilegal en Nuevo México, pero va más allá de las normas que consideramos apropiadas».

«Más relevante» es el supuesto delito de la falsedad documental, en tanto que «gran parte de la regulación eléctrica incluye la revisión de documentos preparados y mantenidos por las compañías».

Con todo, el veto del regulador no es definitivo al haber sido recurrido por Iberdrola, que a principios de enero acordó con PNM la prórroga hasta el próximo 20 de abril del acuerdo de fusión con Avangrid.

La investigación abierta en la Audiencia Nacional trata de esclarecer si Iberdrola contrató a Villarejo, cuando aún estaba en activo, por un total de un millón de euros entre 2004 y 2012 para, entre otras cosas, infiltrarse en plataformas contrarias a sus intereses o investigar a un accionista crítico con su gestión.

No obstante, la persona jurídica contra la que se dirige el procedimiento es la filial Iberdrola Renovables, no la matriz.