Florentino Pérez, presidente de ACS, pide que se impute a Iberdrola por el caso Villarejo

El presidente de ACS, Florentino Pérez, ha pedido que se impute a la matriz de Iberdrola por los presuntos encargos de la eléctrica a empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo que figurarían en las agendas del expolicía y que revelarían que el empresario habría sido objeto de investigación.

En su escrito, la representación legal de Florentino Pérez insta al titular del juzgado central de Instrucción nº 6 a que compruebe la veracidad de algunos apuntes de la agenda del excomisario, que revelarían que fue contratado por Iberdrola para investigarle.

El juez Manuel García Castellón imputó al presidente de la multinacional, Ignacio Sánchez Galán, a la filial Iberdrola Renovables y a varios antiguos y actuales directivos de la eléctrica.

En aquel auto, el magistrado apreciaba indicios de que hubo «voluntad» por parte de la compañía de ocultar los trabajos encargados a Cenyt, empresa vinculada a Villarejo, como mostraría que las facturas fueron emitidas por otra sociedad diferente.

El presidente de ACS y del Real Madrid no comparte que esté imputada la filial de renovables y no la matriz, cuando en sus escritos de defensa «todos ellos destacaron su vinculación funcional y orgánica» con lberdrola SA, y uno de los acusados, el exjefe de seguridad Antonio Asenjo, era apoderado de ésta.

Asenjo, que ante el juez exculpó al presidente y a la cúpula de la energética de los contratos con el excomisario José Villarejo entre 2004 y 2017, no estaba sometido a la autoridad de ninguna persona física de Iberdrola Renovables, destaca el abogado de Florentino Pérez, Carlos Gómez-Jara.

Además, en la fecha de los hechos, «el control por parte de Iberdrola SA sobre Iberdrola Renovables como socio único era absoluto y directo», añade.

De hecho, una de las facturas de Cenyt de 2012 «fue emitida inicialmente a Iberdrola SA –no a Iberdrola Renovables- y posteriormente, el mismo día, los conceptos y el pagador fueron modificados. Hasta el Código de Identificación Fiscal (CIF) de Iberdrola Renovables es incorrecto».

IBERDROLA NO DISPUSO DE UNA POLÍTICA DE CONTROL PENAL HASTA 2014, DICE PÉREZ

El escrito también cuestiona la política de cumplimiento normativo de la matriz de Iberdrola, que «reconoce que no dispone de mapa de riesgos y controles penales en el año 2012».

Tampoco contaba, prosigue, con «una equivalente identificación de actividades delictivas y controles asociados hasta 2014 pese a ser conscientes de su necesidad desde diciembre de 2010».

En este sentido, la representación de Florentino Pérez afirma que Iberdrola SA «ocultó a este juzgado la política de prevención de delitos vigente en 2011/2012», ya que ello mostraría que, en ese periodo, aún no tenía «un programa eficaz».

«Una sociedad cotizada, con los innumerables recursos de los que dispone, tardó tres años y seis meses en implantar un programa de prevención de delitos», reitera el documento.

A tenor de las pesquisas, entre 2004 y 2012 figuran como recibidas y abonadas quince facturas sin pedido emitidas por la empresa del excomisario Villarejo, por un importe de 1.047.324 euros.

Entre los servicios solicitados se encuentra el llamado «proyecto Posy», centrado en investigar cualquier circunstancia sobre el presidente de ACS que, llegado el caso, pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto con Iberdrola.

Sobre ese «proyecto Posy», Iberdrola alega que existen «numerosos contraindicios que acreditan que ese proyecto nunca se llegó a encargar ni a pagar».

El escrito de Florentino Pérez responde a otro anterior de Iberdrola, fechado el pasado 4 de febrero, en el que la eléctrica reitera que el avance de las investigaciones «ha permitido comprobar que no contrató ninguna investigación que tuviese como finalidad investigar a Florentino Pérez».

La compañía defiende que hay una «ostensible falta de indicios de injerencias en el derecho al secreto de las comunicaciones del Sr. Pérez», así como «ausencia de cualquier contratación de servicios por parte de Iberdrola que tuviese por objeto investigarlo».

De ahí que la compañía solicitase que se le retire a Florentino Pérez la condición de acusación particular, y que se desestime la petición de otorgar la condición de investigada a Iberdrola.

La causa abierta en la Audiencia Nacional trata de aclarar si Iberdrola contrató al excomisario por un total de un millón de euros entre 2004 y 2012 para, entre otras cosas, infiltrarse en plataformas contrarias a sus intereses o investigar a un accionista crítico con su gestión.