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El exministro de Economía, Luis de Guindos, y actual vicepresidente del BCE.

El FROB deja en manos del juez la publicación del informe de Deloitte sobre el Popular

El FROB manda documentación sobre la resolución del Banco Popular a cero euros y la venta a un euro al Santander, pero no el informe de Deloitte, cuya envío a la Audiencia Nacional y su piblicación lo deja en manos del juez.

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El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Ministerio de Economía, dirigido por Luis de Guindos, ha remitido, en el marco de los recursos contra la resolución del Banco Popular, diversa documentación y una carta en la que se compromete a colaborar con la justicia y a no oponerse a aportar datos confidenciales si la Audiencia Nacional lo estima oportuno.

Entre esos datos confidenciales está el famoso informe de Deloitte que dió pie a la resolución a cero euros de un banco centenario y la pérdida de toda sus inversión a 350.000 accionistas y tenedores de deuda.

Con todo, el texto, que asume por ahora el criterio de la Junta Única de Resolución (JUR) europea, se limita a enviar únicamente la información propiedad del FROB, si bien deja abierta una puerta para incorporar al procedimiento otros detalles en caso de que el tribunal así lo crea necesario, han explicado a Efe fuentes del mercado próximas al organismo.

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La sala de lo Contencioso-Administrativo ya dispone del expediente en el que obran documentos sobre la resolución del Popular -acordada por Europa el pasado 7 de junio- por la que la entidad fue vendida al Santander a precio de saldo y que supuso la reducción a cero del valor de sus acciones y de la deuda subordinada.

El FROB sigue las directrices de la JUR

Quedan excluidos, de momento, todos aquellos aspectos que la JUR estima de carácter reservado y sensible dado el posible perjuicio que su publicación podría ocasionar al interés público y a la estabilidad financiera de la región.

Pero también, por las interferencias que podría generar en torno al debate jurídico que actualmente se dirime en Luxemburgo, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estudia los recursos elevados por un amplio número de accionistas y tenedores de deuda del Popular, afectados por la amortización de sus inversiones.

Precisamente, la pasada semana, la Audiencia Nacional planteaba suspender la tramitación de los recursos contra el papel del FROB, que ejecutó en España la operación, hasta que la justicia comunitaria se pronuncie ya que la medida acordada «dimanó» directamente de Bruselas.

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En su providencia, la sala preguntaba a las partes personadas si, a fin de «evitar posibles incidentes que solo retrasarían y complicarían» cualquier decisión final, procede o no la paralización de esta vía.

Un planteamiento contra el que ya se han pronunciado plataformas de afectados, como la representada por el despacho de abogados Ferrer-Bonsoms & Sanjurjo, que ha anunciado su intención de recurrir la falta de acceso a la documentación del FROB por generarles «indefensión» al ser «imposible articular una causa justa».

Los perjudicados creen imprescindible disponer del informe íntegro sobre el estado del Popular realizado por Deloitte, el cual está previsto que se conozca en los próximos días.

En el documento, la firma consultora atribuía a la entidad una valoración negativa que oscilaba entre 2.000 y 8.200 millones de euros, pero que, en un escenario más positivo, le concedía una valoración de 1.500 millones de euros.