El Frob no entrega al juez el informe íntegro de Deloitte sobre Banco Popular

El Frob no entrega al juez el informe íntegro de Deloitte sobre Banco Popular

24 enero, 2018
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Actualizado: 24 enero, 2018 15:02
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El Frob admite así que tiene el informe completo de Deloitte sobre Banco Popular, pero no facilita toda la documentación por «razones de confidencialidad». Así lo han señalado fuentes judiciales consultadas por Intereconomía.com. El caso está paralizado.La Sección Quinta de la sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha preguntado a las partes si procede a la suspensión de la tramitación de recursos hasta que el TJUE dicte sentencia. Asimismo, la Audiencia Nacional sí ha recibido también el correspondiente expediente administrativo, del que se dará copia a las partes personadas, del Frob, en el que éste explica su intervención y justifica, por razones de confidencialidad, que no se acompañen todos los documentos. De esta forma, el Frob ha admitido poseer todo el informe, pero no lo ha entregado íntegro a la Justicia, como sí se dijo que iba a hacer en un primer momento.
La transparencia brilla así por su ausencia en el caso Banco Popular. Los accionistas y bonistas ya han acudido a los tribunales y exigen a la la Junta Única de Resolución entregar el polémico informe de Deloitte, que arrojaba tres precios distintos para la entidad intervenida y después vendida a Banco Santander por un euro. La Junta Única de Resolución se ha negado por activa y por pasiva a colaborar para mantener la máxima transparencia en este asunto que afecta a 300.000 accionistas junto a los bonistas, entre los que se encuentra el fondo Pimco, uno de los demandantes y que junto a otros fondos han perdido cerca de 850 millones de euros.
La JUR basó su decisión de resolver Banco Popular tras leer el polémico informe de Deloitte en la noche del 6 al 7 de junio. En un primer lugar, la JUR aseguró que solo había dos precios posibles, uno de -2.000 millones y otro de -8.200 millones, pero evitó dar un tercero, que se filtró después a los medios, el de 1.300 millones de euros positivos, es decir, la misma valoración que tenía Banco Popular en Bolsa justo el mismo día de la caída.
No son pocos los organismos oficiales que han tratado de presionar a la JUR para que facilite públicamente dicho informe, más cuando Banco Santander ya ha realizado la compra e inyectado cerca de 7.000 millones a la entidad financiera ex presidida por Emilio Saracho. El Ministerio de Economía, a través del Frob, pidió a la JUR publicar el informe de Deloitte, una vez se completó la operación, que tiene el riesgo de quedar anulada por los tribunales, especialmente por el TJUE.

Plantea a las partes esperar la decisión final del TJUE

Por otro lado, las partes disponen de diez días para presentar sus alegaciones y mientras tanto el proceso queda paralizado a resultas de lo que acuerde finalmente el Tribunal de Justicia de la UE. La Audiencia Nacional, en una providencia a la que ha tenido acceso Intereconomía.com, señala que teniendo en cuenta el estado en el que se encuentran las actuaciones, con el propósito con el propósito de dotar de la mayor efectividad a la tutela judicial y evitar incidentes que retrasarían y complicarían la tramitación procesal, pregunta si procede acordar la suspensión hasta que resuelva el TJUE los procesos  «en los que se ventila la Conformidad a Derecho de la decisión de la Junta Única de resolución de la que trae causa la resolución del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria aquí impugnada, tal y como se ha solicitado en alguno de los escritos de interposición, puesto que aquella constituye el presupuesto esencial de ésta».

No se trata del primer caso en el que la Audiencia Nacional paraliza el caso de Banco Popular a la espera de que se pronuncie el TJUE. El pasado 29 de septiembre rechazó suspender la venta del Popular, ya que debe ser el tribunal europeo quien investigue el asunto.
A tenor de los magistrados, fue la JUR la encargada de valorar las dificultades por las que atravesaba el banco y la necesidad de esa medida para el interés público, una medida que «puede generar perjuicios si no de imposible, sí de muy difícil reparación«, aunque directamente imputables al organismo europeo. Hasta entonces, se habían registrado más de 250 recursos ante la sala de lo Contencioso-Administrativo, que incluyen a más de 6.000 recurrentes de diferentes perfiles, desde personas físicas o jurídicas, hasta asociaciones o fundaciones, afectados por la reducción a cero de sus acciones. Por el momento, el proceso queda paralizado a la espera de lo que finalmente acuerde el tribunal una vez recibidas todas las alegaciones.

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