Galán pide por segunda vez al juez salir del caso Villarejo-Iberdrola
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez-Galán, imputado por contratar supuestamente al ahora excomisario Villarejo para espiar al presidente de ACS, Florentino Pérez. EFE/Eva Yraola

Galán pide por segunda vez al juez salir del caso Villarejo-Iberdrola

31 enero, 2022
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Actualizado: 31 enero, 2022 18:27
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Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, es el único primer ejecutivo de una empresa del Ibex 35 imputado en una de las piezas del caso Villarejo, lo que daña severamente la imagen de la eléctrica y que cuesta miles de millones de euros a sus accionistas, como ha sucedido con la frustrada operación de más de 8.000 millones de dólares en Nuevo México, que iba a ser su mayor inversión en Estados Unidos. Su futuro y carrera profesional depende de este caso y por eso ya actúa a la desesperada, como culpar de la contratación del excomisario al fallecido Íñigo Oriol, que era presidente de Honor, sin labores ejecutivas, o asegurar que el ‘espiado’ había sido él, a lo que el juez Manuel García Castellón le ofreció personarse en el caso, algo que no ha hecho. Lo que sí ha hecho es pedir por segunda vez, ya lo intento en 2021, que el magistrado de la Audiencia Nacional retire su imputación.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha pedido al juez que investiga la relación de la eléctrica con empresas vinculadas al excomisario José Villarejo que sobresea las diligencias en relación con su persona, ya que alega que no existen indicios que le impliquen.

En un escrito presentado el pasado viernes al titular del juzgado central de instrucción nº 6, la defensa de Galán aduce que lo único que le inculpa es la declaración de un exdirectivo José Antonio Del Olmo, que figura como investigado y tiene por tanto derecho a mentir en su declaración. El escrito recuerda que, entre los años 2004 a 2016, Del Olmo no utilizó ninguno de los mecanismos de la empresa para denunciar las presuntas prácticas irregulares en la contratación de empresas de Villarejo para investigar a empresas y al presidente de ACS, Florentino Pérez, y tampoco acudió a la justicia. De hecho, sostiene Sánchez Galán, él habría sido espiado a través de la agencia de detectives Kroll, a instancias de Pérez, como figura en un informe incorporado a la causa. El juez le ofreció, ante esta acusación, personarse en el caso, algo que el máximo responsable de Iberdrola no ha hecho ni ha anunciado que lo hará.

A los veinte meses de incoarse la presente Pieza, Sánchez Galán fue llamado al proceso sin describirse ni una sola acción suya, por «la elemental razón de que no ha hecho nada que pueda describirse como delictivo, ni ha tenido intervención alguna en los hechos de otros ni ha cooperado en la ejecución de ninguna acción delictiva. No aparece que haya pactado, ni convenido ni que se haya concertado ni inducido ni resuelto ni alterado ni ordenado ni dado ni recibido ni tampoco transmitido».

El presidente de Iberdrola sostiene que se le debe aplicar la misma jurisprudencia que al de Repsol, Antoni Brufau, que fue apartado de la investigación sobre la relación de la petrolera con Villarejo, ya que el presidente de una gran empresa no tiene por qué conocer los detalles de las contrataciones de proveedores ni del pago de las facturas. Galán, destaca el escrito, «jamás se ha ocupado de la elaboración de facturas en la empresa (huelga abundar sobre este dato, dada su evidencia lógica), ni de los mecanismos de contabilización ni de control», que no son funciones propias de su cargo. Al presidente le compete estar al tanto de los informes de auditoría de la contabilidad general de la compañía, «siempre emitidos sin reparo de clase alguna durante su mandato».  

Sánchez Galán sostiene que «jamás ha ordenado acceder a datos sensibles de otras personas ni ha tenido en su poder información de este tipo», algo que «nunca habría permitido» que ocurriera, y nada hay en la causa que acredite lo contrario, prosigue el documento.

La investigación trata de aclarar si Iberdrola, que aún no figura como investigada y sí su filial de Renovables, contrató al excomisario por un total de un millón de euros entre 2004 y 2012 para, entre otras cosas, infiltrarse en plataformas contrarias a sus intereses o investigar a un accionista crítico con su gestión.

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