Galán, presidente de Iberdrola, bajo presión por el caso Villarejo, pide presentarse ante el juez

Iberdrola ha enviado esta tarde un escrito al Juzgado Central de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional que investiga el llamado caso Villarejo para solicitar al juez Manuel García Castellón la declaración voluntaria de todos los administradores y empleados, incluido su presidente, Ignacio Sánchez Galán, que están en mayor o menor grado implicados en ese asunto y en la contratación del ahora excomisario de Policía siendo en esa época un funcionario público en activo.

Tras 20 meses de instrucción de la Pieza 17 o caso Tándem, Iberdrola manifiesta su preocupación por el «significativo desgaste reputacional» que sufre la compañía por este asunto desde 2018 y solicita al juez comparecer para acabar con las especulaciones.

Iberdrola ha comunicado esta decisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un escrito en el que denuncia que la tramitación de la pieza 17 del denominado caso Tándem «ha sido aprovechada por competidores que, directa o indirectamente, han atacado la reputación y buen nombre de la compañía».

A este respecto recuerda que, para defenderse de las sospechas que se han propagado sobre la sociedad y algunos de sus directivos y administradores, ha presentado, entre otras acciones legales, denuncia por falsedad y querella por sustracción de documentos y revelación de secretos.

«Dichas actuaciones vendrían en realidad a responder a una clara estrategia de desprestigio motivada por intereses espurios de algunos ex directivos y competidores que tan sólo pretenden perjudicar judicial y públicamente a otros directivos y a la propia compañía», señala.

Recuerda también que la dirección de Auditoría Interna realizó en 2018 y 2019 dos informes en los que no obtuvo evidencia adicional a las citadas 17 facturas sobre la relación de Villarejo con sociedades del grupo Iberdrola y concluyó que los procedimientos de control interno relacionados con dichas facturas habían funcionado correctamente, aunque a ese conclusión se la expresada por personal de la propia eléctrica.

Subraya que, desde el primer momento y de manera continua hasta ahora, el Consejo de Administración y sus comisiones han impulsado todas las actuaciones necesarias para el esclarecimiento total de los hechos con la información que ha sido conocida en cada momento y han dado traslado de dichas actuaciones a las autoridades judiciales.

A finales de 2019, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón abrió una pieza dentro de la causa sobre los negocios del excomisario José Villarejo para investigar la presunta contratación de sus servicios por parte de Iberdrola.

La apertura de este caso se produjo después de que se publicara que Iberdrola contrató a Villarejo para espiar a un juez, infiltrarse en plataformas contrarias a los intereses de la eléctrica, hostigar a miembros del comité de empresa de la central nuclear de Cofrentes o investigar a un accionista crítico con la gestión de la empresa.

Iberdrola reconoció que dos investigaciones internas, abiertas en noviembre de 2018 y otra en julio de 2019, concluyeron que se había contratado a Villarejo entre 2004 y 2017 -años en los que era policía en activo por lo que al menos apunta como mínimo a un delito de cohecho o cobro por parte de un funcionario público para determinados encargos- para 17 servicios de tipo ordinario y propios de la Dirección de Seguridad Corporativa.

Además, concluyeron, según Iberdrola, que en el proceso de contratación y posterior pago de dichos trabajos se habían aplicado correctamente todos los controles y procedimientos internos de Iberdrola, aunque parece que algo fallo al contratar a un policía en activo.

Entre los supuestos servicios que se investigan estaría el presunto espionaje al presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez.

El próximo 16 de junio, los representantes legales de ACS tendrán que aclarar en el juzgado la intención de su presidente de presentar una demanda de 2.600 millones de euros contra Iberdrola por Villarejo.