Garzón dice ahora que investiga a siete aerolíneas de bajo coste por su política de equipajes y asientos

El Ministerio de Consumo, dirigido por el ministro ausente, Alberto Garzón, por su falta de actividad en casi cuatro años de investidura y ahora en funciones, investiga, a poco más de un mes de que finalice su mandato, a siete aerolíneas de bajo coste que operan en España por supuestas irregularidades en su política de equipaje de mano y de asignación de asientos y que podrían acarrear sanciones de hasta seis veces el beneficio ilícito obtenido o el 4% de la facturación.

El departamento que dirige Alberto Garzón ha informado de que esa investigación corre a cargo de su Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador, como si el procedimiento de las aerolíneas con el equipaje de mano es de ahora y no una práctica de hace años.

Las prácticas que investiga están relacionadas con el cobro de extras de servicios que, generalmente, son necesarios e imprescindibles para los pasajeros a la hora de viajar.

Como ejemplo cita el cobro de un importe adicional o suplemento por llevar una maleta en cabina sin facturar o por seleccionar un asiento, incluso en el caso de menores de edad o personas dependientes.

Garzón, casi cuatro años de ministro de Consumo sin investigar estas prácticas de las aerolíneas, lo hace cuando está en funciones y a menos de un mes de abandonar su cargo

El Ministerio de Consumo, al amparo de sus nuevas competencias sancionadoras ante fraudes masivos, estudia si este tipo de prácticas comerciales por parte de compañías de bajo coste son abusivas o desleales y si contravienen, de forma generalizada, la normativa de consumo.

Investiga asimismo si mediante prácticas como la segmentación de precios, los operadores podrían estar obteniendo posiciones privilegiadas en los motores de búsqueda y comparadores de vuelos online con precios muy inferiores a los que realmente termina pagando el consumidor en la transacción final.

Las compañías investigadas ostentan, en su conjunto, una cuota de mercado por encima del 30 % tanto dentro como fuera de Europa, por lo que tienen incidencia en la contratación de millones de pasajeros.

Las conductas investigadas constituirían presuntas infracciones graves que pueden sancionarse con multas de entre 10.000 y 100.000 euros, pudiendo sobrepasar estas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido o hasta el 4% de la facturación si se confirmasen como prácticas generalizadas en el seno de la UE.